¡Guardias y policías sí, jubilados no !
Resulta escandaloso escuchar a los Sres. Rajoy y Rivera hablar insistentemente y con desparpajo sobre los gastos de las pensiones, cuando de lo que realmente hablan es de la deuda de la seguridad social con los contribuyentes que se las han pagado, tal como en su día se dispuso desde el Estado en cuanto a cotización y paga. Resulta innegable que de esa ingente caja común y al margen del conocimiento y la decisión de sus propietarios contribuyentes, han dispuesto de una u otra forma todos los gobiernos con el visto bueno sindical para mil finalidades que pudiendo ser o no muy justas, eran impropias y han contribuido a la actual insolvencia. De igual modo la escasa vigilancia antifraude, por no decir dolosa transigencia, sobre corruptelas en cursos de formación y otras iniciativas sindicales y empresariales, o la pertinencia de exenciones de cotizaciones empresariales con la excusa de manipuladas situaciones de crisis, ERES o nuevos contratos, Etc., como la nada efectiva exigencia del pago de las cotizaciones morosas a las grandes empresas.
Mantener la indexación de las pensiones al IPC es una obligación legal, no una pretendida gracia o limosna de ningún generoso gobierno. Y si el Estado no puede cumplir habrá que pedir responsabilidades penales a quien corresponda y los Partidos responsables tendrán que dar cuentas y responder subsidiariamente de ello.
Mientras esto sucede, el Estado con los impuestos mayoritarios de los trabajadores ha subsidiado repetida y milmillonariamente a la Banca a fondo perdido sin que se le exija el retorno a pesar de sus actuales grandes beneficios, y también a los gestores de autopistas que explotan con mucho beneficio bastantes de ellas sin ningún reclamo, pero exigiendo a la vez indemnización completa por aquellas en que dicen tener pérdidas. En el mismo sentido y a la vez que se arguye que no hay dinero para actualizar al IPC las públicas se están incentivando los planes privados de los que más tienen y más a los que más pueden ahorrar.
Pero además en la actual y crítica situación de muchos pensionistas por debajo del mileurismo y el 0,25%, siguen los distintos Parlamentos auto decretándose para sus diputados y empleados pensiones y sueldos abultados, aumentos porcentuales seis veces superiores al de los pensionistas y esto sobre sueldos que rondan los 3000 € mensuales. Y por si faltara algo el gobierno tan remiso y prudente con el aumento de las pensiones y el salario mínimo va y aumenta de golpe, en tres años (¿), lo equivalente al salario mínimo a todos los guardias y policías que ya vienen cobrando entre 1500 y más de 2000 €. Importe que nos parecería muy justo y aceptable si el resto de trabajadores tuvieran unos ingresos similares, cosa que ni de lejos sucede ni parece que a nadie le preocupe.
Y ya sé que escribir esto no resulta políticamente correcto, pero desgraciadamente yo así lo veo y así necesito reflejarlo. Y no vale la excusa del agravio comparativo porque algunas Autonomías de acuerdo a su especial necesidad o costo de vida estén pagando esos sueldos a los que se pretende igualar, pues por esa regla de tres los trabajadores españoles también deberían recibir los sueldos de los alemanes o los suizos y no es así ni nadie se lo plantea.
Por eso no queda otro remedio que seguir manifestándonos todos organizada e insistente- mente para exigir que se respeten nuestros derechos y sobre todo ser coherentes a la hora de votar.
Disculpe, pero no acabo de entender bien el significado del penúltimo párrafo en referencial al agravio comparativo. ¿Podría esclarecerme un poco este aspecto?
Gracias.
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¡Guardias y policías sí, jubilados no !
Resulta escandaloso escuchar a los Sres. Rajoy y Rivera hablar insistentemente y con desparpajo sobre los gastos de las pensiones, cuando de lo que realmente hablan es de la deuda de la seguridad social con los contribuyentes que se las han pagado, tal como en su día se dispuso desde el Estado en cuanto a cotización y paga. Resulta innegable que de esa ingente caja común y al margen del conocimiento y la decisión de sus propietarios contribuyentes, han dispuesto de una u otra forma todos los gobiernos con el visto bueno sindical para mil finalidades que pudiendo ser o no muy justas, eran impropias y han contribuido a la actual insolvencia. De igual modo la escasa vigilancia antifraude, por no decir dolosa transigencia, sobre corruptelas en cursos de formación y otras iniciativas sindicales y empresariales, o la pertinencia de exenciones de cotizaciones empresariales con la excusa de manipuladas situaciones de crisis, ERES o nuevos contratos, Etc., como la nada efectiva exigencia del pago de las cotizaciones morosas a las grandes empresas.
Mantener la indexación de las pensiones al IPC es una obligación legal, no una pretendida gracia o limosna de ningún generoso gobierno. Y si el Estado no puede cumplir habrá que pedir responsabilidades penales a quien corresponda y los Partidos responsables tendrán que dar cuentas y responder subsidiariamente de ello.
Mientras esto sucede, el Estado con los impuestos mayoritarios de los trabajadores ha subsidiado repetida y milmillonariamente a la Banca a fondo perdido sin que se le exija el retorno a pesar de sus actuales grandes beneficios, y también a los gestores de autopistas que explotan con mucho beneficio bastantes de ellas sin ningún reclamo, pero exigiendo a la vez indemnización completa por aquellas en que dicen tener pérdidas. En el mismo sentido y a la vez que se arguye que no hay dinero para actualizar al IPC las públicas se están incentivando los planes privados de los que más tienen y más a los que más pueden ahorrar.
Pero además en la actual y crítica situación de muchos pensionistas por debajo del mileurismo y el 0,25%, siguen los distintos Parlamentos auto decretándose para sus diputados y empleados pensiones y sueldos abultados, aumentos porcentuales seis veces superiores al de los pensionistas y esto sobre sueldos que rondan los 3000 € mensuales. Y por si faltara algo el gobierno tan remiso y prudente con el aumento de las pensiones y el salario mínimo va y aumenta de golpe, en tres años (¿), lo equivalente al salario mínimo a todos los guardias y policías que ya vienen cobrando entre 1500 y más de 2000 €. Importe que nos parecería muy justo y aceptable si el resto de trabajadores tuvieran unos ingresos similares, cosa que ni de lejos sucede ni parece que a nadie le preocupe.
Y ya sé que escribir esto no resulta políticamente correcto, pero desgraciadamente yo así lo veo y así necesito reflejarlo. Y no vale la excusa del agravio comparativo porque algunas Autonomías de acuerdo a su especial necesidad o costo de vida estén pagando esos sueldos a los que se pretende igualar, pues por esa regla de tres los trabajadores españoles también deberían recibir los sueldos de los alemanes o los suizos y no es así ni nadie se lo plantea.
Por eso no queda otro remedio que seguir manifestándonos todos organizada e insistente- mente para exigir que se respeten nuestros derechos y sobre todo ser coherentes a la hora de votar.
Disculpe, pero no acabo de entender bien el significado del penúltimo párrafo en referencial al agravio comparativo. ¿Podría esclarecerme un poco este aspecto?
Gracias.