El Partido Carlista rechaza el llamado Estado de las Autonomías (que realmente no es otra cosa que un ensayo de descentralización administrativa sin cuestionar el núcleo de poder del Estado), defendiendo una concepción ascendente del poder político, en la cual son las comunidades las que deciden si quieren o no integrarse en un marco político más amplio, y en que condiciones, frente a la concepción descendente actualmente vigente (en la que el Poder Central es soberano per sé y otorga unilateralmente competencias a las comunidades).

El derecho de Autodeterminación, cuya existencia es inseparable de la existencia de unas estructuras democráticas que posibiliten su ejercicio, en sí mismo supone cuestionar de forma radical el estado español tal como está actualmente constituido, pudiendo ser un interesante vehículo de democratización y transformación social. Por tanto, el reconocimiento social de la autodeterminación tiene un doble sentido, en cuanto reconocimiento de un derecho natural del que de acuerdo con el principio democrático puede y debe disponer todo Pueblo, y como herramienta par desintegrar el aparato político mediante el cual la oligarquía española ejerce su dominio.

De esta manera la Autodeterminación adquiere una especial funcionalidad para el combate político por el Socialismo y la Democracia real en cuanto que sirve de instrumento para reabrir desde cada nacionalidad la cuestión de la ruptura democrática con un Estado heredero y continuador de la dictadura franquista.

Fragmento de la Ponencia de Línea Ideológica-Política aprobada en el XII Congreso Federal del Partido Carlista (2012)