[Noticia] Un detallado plan puso al servicio de la ‘Operación Montejurra’ recursos públicos de ministerios, gobernadores y Policía

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Artículo de Manuel Martorell Pérez publicado en Público el 09/01/2023.

Se adquirieron 2.000 «garrotas de campo», 6.000 brazaletes, se pensó en contratar un centenar de autobuses y el Ministerio de Información se encargó de la propaganda. Los hechos ocurrieron en 1976.

La Operación Reconquista, en la que, según documentos a los que ha tenido acceso Público, estuvo implicado el Gobierno de Carlos Arias Navarro para boicotear en Montejurra (Navarra) la convocatoria del Partido Carlista en 1976, contó con un detallado plan en el que se pusieron a disposición de ese objetivo infraestructuras públicas y estuvieron implicados gobiernos civiles, ministerios y fuerzas del orden. Los citados documentos implican a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación del entonces Gobierno de Arias Navarro.

Antes de entrar en los distintos apartados organizativos, el plan establece una «Premisa Esencial» en la que presenta a los convocados por la Operación Montejurra Tradicionalista como asistentes a una «concentración totalmente pacífica», mientras los seguidores del Partido Carlista, de orientación democrática, defensores del «socialismo autogestionario» y liderados por Carlos Hugo de Borbón–Parma, son tildados como peligrosos.

Este plan «reservado y confidencial» indica explícitamente que la principal organización movilizadora del operativo sería la Unión Nacional Española (UNE), una asociación legalizada un año antes, en junio de 1975, que había expresado su lealtad a Franco, a los principios del Movimiento Nacional y a la figura de Juan Carlos I. Entre sus dirigentes destacaba Ramón Merino, persona próxima al rey y en contacto directo con el gobernador civil de Navarra, José Luis Ruiz de Gordoa.

En esas premisas generales, se indica que los convocados por la UNE deberían contar, según el apartado a, con la «protección» de «una fuerza pública dispuesta a intervenir en cualquier momento», y que, de acuerdo con el apartado b, también se tendría que impedir la llegada de «personas de ideología subversiva, para lo cual los gobiernos civiles proporcionarán un volante (acreditación), el cual será exigido por el oportuno control policial, impidiendo el paso de autobuses que no lo posean».

Igualmente se planteó habilitar «conventos o cuarteles» en Miranda de Ebro y Logroño para que pudieran pernoctar los expedicionarios procedentes de otras regiones españolas. Todos, según estas previsiones, deberían llevar como distintivo un brazalete con los colores de la bandera nacional. El comité civil del operativo estaría formado por Ramón Merino, Ricardo Larráinzar, Miguel Fagoaga y José María Melis, todos ellos impulsores y directivos de la UNE.

Esta asociación, fundada por tradicionalistas que años atrás habían abandonado la disciplina del carlismo, sería uno de los grupos que formarían cinco meses después Alianza Popular (AP), aunque abandonarían el partido liderado por Manuel Fraga Iribarne en 1979, cuando su fundador aceptó, como «mal menor», la Constitución refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

De acuerdo con las previsiones, los organizadores contaban con 5.650 personas que serían trasladadas en un centenar de autobuses, fundamentalmente fletados por gobernadores civiles, para arrebatar la concentración de Montejurra al sector progresista del carlismo. Entre estos gobernadores, se citan expresamente, además del de Navarra, a los de Álava, La Rioja y Cuenca. Igualmente, entre los gastos previstos, consta una dieta de 750 pesetas por persona, la compra de 2.000 boinas a 100 pesetas cada una, otras 2.000 «garrotas de campo», al mismo precio, para que los asistentes puedan defenderse de posibles agresiones; y 6.000 brazaletes a 50 pesetas, reservando la edición de la propaganda «a cuenta del Ministerio de Información».

En total, se calcula un gasto que superaba los cinco millones y medio de pesetas (concretamente 5.687.500), una cifra muy elevada esos años y que la fortuna de Antonio María Oriol Urquijo, exministro de Justicia con Franco, presidente del Consejo de Estado, consejero del Reino y fundador de la UNE, se encargaría de cubrir.

Junto a este «plan civil», se dictó también una «orden extraordinaria» para la Policía y la Guardia Civil, en cuyas premisas se vuelve a advertir de la «excitación» de los «huguistas» contra Juan Carlos I y de los posibles incidentes que podrían provocar los seguidores del Partido Carlista, especialmente la «minoría joven radicalizada que aprovecharía cualquier circunstancia o incidente para provocar alteraciones de orden público y otros actos violentos».

Tras enumerar las fuerzas participantes, se indican como objetivos impedir la presencia de activistas y elementos subversivos, en referencia a los partidarios de Carlos Hugo, líder del carlismo progresista, infiltrarse entre la masa para tener «información puntual» y establecer los controles necesarios para detectar a estos activistas, poniendo especial énfasis en los «vehículos ocupados por gente joven», para identificar a sus ocupantes y, en su caso, «permitir o no la continuidad del viaje».

En concreto, las unidades que se prevé desplegar en torno a la Montaña Sagrada del carlismo eran la 64 Bandera de la Policía Armada, que sería reforzada con otras dos compañías de la Reserva y la 521 Comandancia de la Guardia Civil con base en Pamplona, igualmente apoyada por otras dos compañías más un helicóptero. Todas tenían orden de no intervenir a no ser que ocurrieran hechos realmente graves.

Asimismo se destaca la necesidad de desplegar policías de paisano, que se sumarían al medio centenar de efectivos provenientes de Pamplona, Tudela y los puestos fronterizos de los Pirineos. A todos ellos habría que sumar los guardias civiles que, según el general Sáenz de Santa María, se encargaron, disfrazados de carlistas y calados con boina roja, de manejar los radioteléfonos entregados a los atacantes, según relató en su momento este general al periodista Diego Carcedo.

Entre los documentos preparatorios, entre ellos la carta del 19 de abril remitida por el director general de Seguridad al gobernador civil de Navarra, se llega a decir que los «huguistas» estarían formando una especie de «guardia de hierro con estacas y pistolas», aparte de referencias a la posible presencia de distintas organizaciones subversivas e incluso de miembros de ETA.

Al contrario de lo que anunciaban estos planes y previsiones, fue la concentración «subversiva» la que contó con miles de asistentes mientras que los convocados por el operativo organizado desde el Ministerio de Gobernación apenas aglutinaron a unos centenares de personas, entre ellas terroristas de la extrema derecha internacional, fuertemente armados con pistolas, subfusiles y una ametralladora que no dudaron en disparar contra una multitud pacífica, con el resultado de dos muertos por bala y una treintena de heridos.

Se trataba, por lo tanto, de un escenario totalmente contrario a lo que realmente ocurrió en aquellos luctuosos sucesos del 9 de mayo de 1976 y que pusieron fin a la experiencia reformista del Gobierno de Arias Navarro, y que tres décadas después la Audiencia Nacional calificó como acción terrorista. Los principales medios de comunicación nacionales e internacionales ya señalaron entonces como responsable al Gobierno posfranquista de Arias y Fraga, aunque sin las pruebas documentales que ahora acaban de aparecer y que demuestran la directa implicación del aparato del Estado en la llamada «Operación Reconquista».