[Historia] El Partido Carlista. Oposición al Estado franquista y evolución ideológica (1968-1975)
Trabajo de Joaquín Cubero Sánchez publicado en La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, vol. I, UNED, Madrid, 1990, pp. 399-407.
El 20 de diciembre de 1968 Franco expulsó del país a don Carlos de Borbón Parma, días más tarde haría lo mismo con su padre D. Javier y dos de sus hermanas. Los titulares de la dinastía carlista fueron acusados de extranjeros que se habían entrometido en la política española. En 1936 cuando don Javier de Borbón Parma ordenó a los requetés que se unieran al movimiento militar contra la República nadie lo consideró extranjero. La razón que dio el gobierno al ser interpelado en las Cortes por los cuatro procuradores carlistas fue que don Javier y don Carlos presidieron un acto político en el monasterio de Valvanera en el que «incurrieron en manifestaciones contrarias al orden público que rozaban facultades potestativas del Poder estatal».
El Carlismo respondió con responsabilidad a este acto dictatorial y denunció la provocación que suponía como una abierta incitación a una escalada de violencia, advirtiendo al gobierno que no confundiera la sensatez y la responsabilidad con la debilidad. Cerrada la vía legal que iniciara unos años antes el carlismo volvió a la ilegalidad. Pero en la oposición siempre estuvo, a pesar de los intentos fallidos de colaboracionismo por algunos de sus miembros que sucesivamente abandonarían el carlismo o serían expulsados del mismo.
El primer enfrentamiento entre Franco y el carlismo ocurrió el 20 de diciembre de 1936. Este día las milicias fueron unificadas y sujetas al Código de Justicia Militar y Fal Conde, Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista, hubo de exiliarse a Portugal ante la amenaza de ser fusilado, acusado de intentar dar un golpe de estado contra Franco. La verdadera causa fue la intención de Fal Conde de organizar una academia militar para la formación de oficiales de los tercios de requetés. Consultado Franco sobre esto no opuso objeción alguna. Su actitud cambió el 19 de diciembre después de su entrevista con el desprestigiado exjefe carlista Conde de Rodezno, más tarde ministro de Franco y miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón. En abril de 1937 Franco completó la maniobra de anulación del carlismo, como fuerza política y militar, con una medida política, el decreto de Unificación y una medida militar, la reorganización de las brigadas navarras colocando al frente de ellas jefes africanistas y mezclando los batallones de requetés con otros de otra procedencia que los desbordaran cuantitativamente de forma que no se pudieran sublevar. El carlismo perdió su fuerza militar y, a la vez, sus locales, su prensa, toda la documentación y demás medios materiales.
Los pocos carlistas que aceptaron la unificación Rodezno y su grupo (que harían compatible su lealtad a Franco y a don Juan de Borbón) y algunos de procedencia integrista fueron expulsados de la Comunión Tradicionalista por don Javier de Borbón que calificó de «facciosas» las maniobras de Rodezno para sumarse a la Unificación. Más tarde don Javier sería expulsado de España tras haberse entrevistado con Franco al cual manifestó la total discrepancia del carlismo con la Unificación y los rumbos totalitarios de carácter nazi del nuevo estado. En octubre de 1937 se sucedieron numerosas detenciones de carlistas en Burgos, San Sebastián, Vitoria y Pamplona por las manifestaciones antifranquistas organizadas por la AET (estudiantes carlistas) el día 12 «Festividad de la Raza».
El clima de enfrentamiento y de oposición continuó: cierre de círculos carlistas (en Barcelona y Pamplona hubo disparos entre la policía y los carlistas), sucesivas denuncias de carácter fascista y de la corrupción del régimen, negativa de los carlistas a alistarse en la División Azul, intento de crear una unidad carlista que combatiera junto a los aliados, colaboración con la resistencia francesa para pasar información a Inglaterra, y la misma participación de don Javier en la resistencia (detenido por los alemanes fue acusado de comunista y encarcelado en Dachau).
La represión también fue continua: detenciones, encarcelamientos, destierros, prohibiciones y multas. En 1942 tuvo lugar el atentado de Begoña organizado por la jerarquía falangista.
Al finalizar la segunda guerra mundial, una vez liberado y restablecido don Javier, éste declaró que, en caso de una nueva guerra civil, los carlistas no lucharían en el bando franquista.
La cerrada oposición del carlismo, su total negativa a participar en la construcción del nuevo estado, la intransigencia de su dirección cambió a finales de los cincuenta. Se inició así una nueva etapa política mal llamada colaboracionista, en la que el carlismo intentó luchar por sus objetivos utilizando la vía legal en la medida que esto fuera posible.
Se pretendía, en primer lugar, romper el cerco de silencio para dar a conocer el programa carlista, reorganizar sus estructuras, y promocionar a su dinastía. La moderación seguida tuvo como resultado la reorganización del carlismo y la existencia de un clima, no exento de fricciones de semitolerancia mutua. Los carlistas pudieron abrir nuevos círculos y contar con dos organizaciones legales, la red de Círculos Culturales Vázquez de Mella, autorizada en 1 960 contaba con 59 delegaciones en 1962, y la Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés, autorizada en 1962. Pero las fricciones y las tensiones fueron en aumento a partir de 1965. El carlismo no dejaba de afirmar que su actuación política en el marco de la legalidad no tenía más fin que la democratización del estado por la vía pacífica: declaración de don Javier de enero de 1965, congreso de la AET en febrero, congreso del MOT (obreros carlistas) en noviembre, en Montejurra se hace una afirmación de principios democráticos y se pide que se socialicen los monopolios, en julio en el Aplec de Villareal de los Infantes que contó con una asistencia de 9.000 personas uno de los oradores intercala en su discurso algunas citas de Marx. Este acto y el de Durango fueron los más multados este año, uno de los oradores pasó al TOP.
En 1966 la situación se endureció, la policía por orden del Ministro de la Gobernación suspendió, mediante el uso de la fuerza, el Congreso Nacional Carlista. Se hizo una declaración en la que se afirmó estar en la oposición; Le Monde (14 de febrero) informó de lo sucedido, en una nota aparte informó de que los estudiantes carlistas habían hecho frente común con socialistas y democristianos en los últimos incidentes universitarios. Un mes más tarde la AET de Cataluña participaría en la constitución del SDEUB; la primera hoja volante informando a la población de Barcelona sobre la actuación policías en «la Caputxinada» apareció el 10 de marzo e iba firmada por la AET, en ella se denuncia las maniobras del gobierno en contra de los principios de libertad y democracia «propugnados siempre por el carlismo» y los métodos de actuación nazi que Carrero Blanco y Alonso Vega han impuesto a la policía. El grado de radicalismo político y social en que se había situado la AET es bien evidente en sus boletines regionales; en uno de ellos afirma «bendito sea el comunismo que apoya una vida más digna». Entre las prohibiciones de este año destaca la de Villareal, comunicada el día anterior, la policía cortó carreteras y vías de acceso, los choques entre policía y carlistas se sucedieron durante todo el día. El discurso de uno de los oradores se iba a referir a la petición de fueros para el País Valenciano, libertades democráticas para todo el pueblo español, y cese de las represiones políticas. Al acto de Montejurra asisten por primera vez un grupo de observadores de partidos de izquierda; los oradores pidieron ayuntamientos democráticos y sindicatos libres, piden también que se ponga fin al castigo impuesto a Vizcaya y Guipúzcoa mediante la devolución de las competencias forales a sus diputaciones.
Respecto a su organización interna, en los años anteriores a la expulsión de 1968, el rasgo más acusado es el continuo cambio en sus dirigentes y en las estructuras organizativas con la finalidad de conseguir una estructura organizativa unificada y democrática capaz de adaptarse rápidamente a una situación de ilegalidad y clandestinidad.
Se van anulando a aquellos que son partidarios de pasar de la moderación a la colaboración con el régimen. Los cambios más significativos son el cese de Zamanillo en 1962 como Secretario General, el de Marquez de Prado en 1965 como Delegado Nacional de Requetés, y la dimisión de José María Valiente a fines de 1967 como Jefe Delegado consciente de que se le ha reducido el poder paulatinamente.
En el Reglamento de Régimen Interno aprobado en 1963 se señalan como órganos de gobierno de la Comunión Tradicionalista: a) la Jefatura Delegada con la Secretaría General, b) la Junta Nacional, c) el Consejo Nacional. Los dos primeros órganos son de nombramiento regio. La Secretaría General coordina las ocho organizaciones en que se estructura el carlismo. De ellas dos son legales, la Hermandad de Antiguos Combatientes (50.000 afiliados en 1966), y la red de Círculos Culturales Vázquez de Mella, que se rigen por sus propios estatutos, además de los Círculos Vázquez de Mella existen otros de distinta denominación (en 1968 el Presidente de la Junta Suprema afirmarla que el carlismo contaba con cerca de 300 círculos en toda España).
Las otras seis organizaciones son: Requetés, AET, Cultura y Difusión, Margaritas y Pelayos, Acción Social, y Hacienda. No existe ninguna organización específicamente juvenil a nivel estatal, los jóvenes se integran en la AET, en los requetés, o en el MOT (Movimiento Obrero Tradicionalista creado en 1965). Exceptuando Hacienda las otras cinco organizaciones cuentan con un delegado Nacional, Requetés y AET gozan de plena autonomía y cuentan con una estructura propia a todos lo niveles. Esta situación comenzará a cambiar en 1965 con la creación de la Junta de Gobierno y del Movimiento Obrero Tradicionalista. En 1966 se producen varios cambios con la finalidad de crear una estructura más eficaz y simplificada, dando a los jefes políticos provinciales más autoridad y haciendo de ellos los únicos responsables de la actividad política en todos los órdenes. Tales cambios fueron: 1) disolución de las Delegaciones Nacionales y Regionales de Requetés, AET, MOT, y Margaritas, 2) de los jefes provinciales dependerán todas las organizaciones, 3) en sustitución de las Delegaciones Nacionales se crean los Consejos Asesores de Requetés, MOT, Universitario, Margaritas, y de la Jefatura Delegada. En la práctica estos cambios supusieron la desaparición de la organización de Requetés, inservible para lucha política, y la pérdida del control del carlismo por parte de Valiente. El poder real estará ahora en la Secretaría General. La AET y el MOT seguirán organizando sus propios Congresos Nacionales, aunque perdieron la autonomía organizativa.
1968 será una año de notable actividad carlista tanto en su aspecto externo como interno. A los actos que anualmente se celebran, Montejurra, Montserrat, Quintillo, Begoña, lsusquiza, Haro, Caminreal, Tres Roures, Villareal, etc, vienen a sumarse, entre otros, los celebrados en Palma de Mallorca, Burgos, Valladolid, Liria, Zarauz, Santo Toribio de Liébana y Valvanera. De ellos, uno supera los cien mil asistentes, dos los veinte mil y uno los diez mil. Como características de estos actos señalamos que son autorizados, la autorización la solicita la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés, entidad que formalmente organiza el acto, o la junta directiva del círculo local correspondiente, una parte de los actos suele estar dedicado a los antiguos combatientes a los que se les suelen imponer condecoraciones carlistas, motivo aparente del acto (aunque a veces da la impresión de que se pretende reorganizarlos), los oradores suelen centrar su exposiciones en los siguientes puntos: lealtad a la dinastía carlista, denuncia del inmovilismo político del régimen, la esperada apertura con la promulgación de la ley Orgánica del Estado ha sido una farsa, el carlismo no tiene más fines que los estrictamente políticos, necesidad de implantar el sufragio universal para la elección de todos los cargos públicos, defensa de una estructura federal del estado, necesidad de constituir el carlismo con un movimiento renovador o revolucionario ya que los programas deben ser adaptados a las necesidades históricas, hay que construir una España sin clasismo social, cambio revolucionario en las estructuras agrarias, participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas (cogestión).
En el aspecto interno se organizan dos grupos de actividades, los cursillos para la promoción de la juventud carlista y los cursillos para la formación de dirigentes del MOT. Los primeros se organizaban en régimen de internado durante tres o cuatro días en grupos de cuarenta asistentes, desarrollándose tres grupos de temas: socioeconómico, organización del carlismo y la acción política. En ellos se incide en que el fin del carlismo es conquistar el poder, el carlismo prefiere la república antes que la instauración de la monarquía alfonsina capitalista y aristocrática, el movimiento de las comisiones obreras está creando en España una verdadera conciencia social, la causa fundamental de la crisis del régimen es su inmovilismo político. A estos cursillos, al menos, asistieron unos mil jóvenes carlistas.
El temario de los cursillos del MOT se centra fundamentalmente en la necesidad por parte de los trabajadores de superar las estructuras liberalcapitalistas empleando todos los medios a su alcance «sin otro límite que la ley de Dios». La socialización que se propugna no se limita al nivel económico sino que se extiende a todos los campos de la actividad social. Hay que destacar que la argumentación que se utiliza para atacar el sistema capitalista es básicamente religiosa: la explotación del hombre por el hombre rompe los planes de Dios, el sentido de la historia consiste en que la clase obrera al construir la nueva sociedad restaura el plan de Dios. La única crítica que se hace al marxismo en este temario es que haya renegado de ser un movimiento genuinamente obrero y que esté dirigido por intelectuales burgueses.
La respuesta del régimen ante esta situación no se hizo esperar, el primer acto que estaba programado para septiembre en Covadonga fue prohibido alegando razones sanitarias y arquitectónicas, e incluso poniendo en duda la representatividad como Delegado regional de Asturias de la Hermandad de Antiguos Combatientes de la persona que solicitó la autorización. El mismo Jefe Provincial de Sanidad de Madrid que autorizó la exhumación de los restos de Mella la suspendió doce dias más tarde. El dos de septiembre el Director General de Arquitectura se trasladó a Covadonga y paralizó las obras de perforación. El Sr. Arzobispo aceptó esta medida cuando cincuenta dias antes la autorizó oralmente, obteniéndose después el permiso por escrito de la Secretaria Cancillería del Arzobispado. La comunicación del gobernador civil fue tajante: «No habiendo traslado de los restos, no ha lugar a la celebración de los actos para los cuales solicitaba autorización». A pesar de la prohibición el día ocho se celebró un acto político en Cangas de Onís con más de dos mil quinientos asistentes.
El 15 de diciembre tuvo lugar el acto político en el monasterio de Valvanera presidido por Don Javier y Don Carlos, entre los asistentes se contaban más de dos centenares de oficiales de Tercios de Requetés. En este acto se reconoció a la Rioja como región del País Vasco-Navarro en la estructura organizativa territorial del carlismo, se criticó duramente al régimen, y se denunció el paso atrás que significaba el Estatuto Orgánico del Movimiento.
La expulsión de los Borbón Parma sucedió la semana siguiente. Hubo manifestaciones de protesta en las principales ciudades españolas. En Pamplona doce policías resultaron heridos durante los enfrentamientos y se efectuaron varias detenciones. En Bilbao la policía disparó para poder detener a varios carlistas. A partir de ahora no se solicitará ningún tipo de autorización para los actos políticos que se organicen. De estos actos, principalmente Montejurra, Quintillo y Montserrat, saldrán duras condenas públicas contra el régimen y se darán a conocer las nuevas formulaciones de los principios ideológicos carlistas y la línea táctica.
Estas nuevas formulaciones se realizarán en los tres Congresos del Pueblo Carlista celebrados durante esta etapa. El Congreso se concibe como el supremo órgano del partido. Se constituye con los compromisarios elegidos en las Asambleas Populares Carlistas lo cuales son portadores del mandato imperativo de estas, no pudiéndose tomar acuerdos sobre cuestiones que previamente no se hayan debatido en las mismas. Posteriormente deben dar cuenta de su gestión en el Congreso ante la asamblea que los eligió. En el primero de ellos celebrado en diciembre de 1970, Don Javier expone en un documento, tal vez el más importante de la reciente historia del carlismo, el estado en que se encuentra la evolución ideológica del mismo y su pensamiento sobre la Revolución Social, el Pacto, el Poder, la Libertad, las estructuras de la libertad y la Monarquía.
En el tercer Congreso (junio de 1972) el Partido carlista se define como un partido de masas, de clase, democrático, socialista y monárquico federal. Por Revolución Social entienden una radical transformación de las estructuras sociales y de la mentalidad heredada del capitalismo burgués, que debe conducir a la democracia económica donde los medios de producción estén controlados por la sociedad.
La tendencia más a la izquierda del partido (Fuerzas Activas Revolucionarias Carlistas) celebró su propio Congreso en enero de 1972. En el documento elaborado en éste se incluye un corto análisis sobre la historia del carlismo en el que se define el sentido histórico de este como la defensa de las libertades y reacción popular contra la burguesía ascendente, afirmando que, al estar el carlismo compuesto en su mayoría por personas de poca cultura y escasa formación, ha sido manejado y controlado por «ilustres caciques» mediante la manipulación del hecho religioso. Afirman que se consideran como no monárquicos ni dinásticos y califican de circunstancial el hecho de que en la dirección del Partido Carlista haya personas miembros de «una determinada familia», hecho que no debe considerarse como condicionamiento ni hipoteca cara al futuro, a la vez que manifiestan su repulsa a cualquier tipo de «culto a la personalidad».
Respecto a la meta estratégica, esta queda definida como la estructuración de la Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas, incluyendo en el término Ibéricas, además de los pueblos sometidos al Estado Español, los territorios peninsulares sometidos al Estado Portugués y los territorios vasco y catalán sometidos al Estado Francés. Tal Federación debe formarse en un proceso de integración voluntaria de los diferentes pueblos, y debe entenderse como un primer paso y un medio hacia un mundo socialista.
A partir del estudio de las resoluciones de los Congresos, de las declaraciones en sus actos políticos, y de su propaganda, sintetizamos el proyecto político del Partido Carlista.
Como principios rectores del proyecto se presentan la libertad política y la justicia. La libertad política se entiende como la libertad social, la libertad de los grupos sociales, que precede a la libertad personal, no para restringirla sino para darle un sentido comunitario. Se reconoce por tanto el principio de autodeterminación de los pueblos, pero sin simplificarlo a la definición burguesa que la ha reducido al derecho a constituirse en estados independientes. La justicia no debe conducir solamente a la redistribución de los bienes materiales, sino también a la redistribuci6n de los bienes de la cultura y la responsabilidad política. La democracia debe extenderse a toda la actividad humana, y no restringiese a la emisión de un voto en un momento dado.
El proyecto es presentado como la alternativa a la sociedad capitalista avanzada que puede dar solución plena a las aspiraciones y demandas de los trabajadores, y definido como socialismo de autogestión global, basado en la decisión plena del pueblo en todas las decisiones de la vida colectiva.
Como condiciones estratégicas imprescindibles para la construcción de la sociedad socialista autogestionaria se señalan la transformación del modo de producción y la transformación del carácter del Estado.
El modo de producción socialista es definido por las siguientes características: a) propiedad social de los medios de producción, b) administración de los mismos por los trabajadores que los explotan directamente, c) consideración de la empresa como asociación de productores con derechos iguales sobre las decisiones y los beneficios independientemente de su tarea concreta, d) planificación de la economía en función de la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad.
Cambiar la estructura y el carácter del Estado burgués significa concebir al Estado Socialista como un instrumento al servicio de la voluntad del pueblo mediante la creación de un triple sistema de estructuras de libertades y participación comunitaria, escalonadas desde el municipio a la Federación, que hagan posible la autogestión ideológica por los partidos políticos de masas, la autogestión económica y la autogestión municipal y de las nacionalidades por el sistema foral-federal, donde cada poder de cualquier nivel cuente con facultades plenas para tomar decisiones y resolver problemas que afecten exclusivamente a su ámbito correspondiente.
La Monarquía se concibe como el instrumento que mantiene la unidad federal dentro de la diversidad y pluralidad de los pueblos. Al ser socialista representaba la garantía de la continuidad revolucionaria, y al ser federal actuará de árbitro equilibrador de las distintas fuerzas que libremente integren la federación.
En la formulación de su línea táctica el Partido Carlista rechaza la alternativa de la democracia formal, dado que esta significa el mantenimiento de las mismas estructuras socioeconómicas del régimen y, por lo tanto, sólo un cambio en el modo de dominación del capitalismo en el que la burguesía seguiría ejerciendo su dictadura de clase mediante su control de los medios de producción y de comunicación. Propone, pues, dos tipos de unión de las fuerzas de oposición. Uno, la alianza democrática, unión amplia de todas las fuerzas democráticas sin discriminación, basada en el siguiente programa mínimo: derrocamiento del régimen fascista, establecimiento de las libertades democráticas, constitución de un gobierno provisional donde estuvieran representadas todas las fuerzas de la oposición que garantizara el ejercicio de estas libertades durante el período constituyente. Se deja bien claro que se opondrían a que tal alianza programara de antemano cualquier solución sin la participación del pueblo, y que no renunciaba a ningún presupuesto ideológico pese al riesgo de tener que enfrentarse con sus aliados una vez conseguidos los fines de la alianza. El otro pacto, denominado Frente Democrático Revolucionario incorporarla a todas las fuerzas socialistas.
El Partido Carlista participó en la mayoría de las plataformas de la oposición constituidas durante este período, incorporándose a la Junta Democrática de España en septiembre de 1974, haciendo constar públicamente su posición táctica. En enero de 1975 se retiraría de la misma por tres razones: 1) La dirección de la Junta está en manos de los grupos burgueses que forman parte de ella, 2) la Junta no ha modificado su carácter centralista ya que sigue sin reconocer el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos del Estado Español, 3) La Junta no es un organismo abierto ya que ha rechazado el ingreso en ella de fuerzas y organismos que lo han solicitado.
También se aclaró su posición respecto a sus relaciones con la Iglesia Católica y la opinión que tenía de su Jerarquía en España. Declara que, aunque compuesto en su totalidad por católicos, no es confesional, por lo cual no está comprometido con las opciones temporales de la Iglesia Jerárquica Española, sino más bien cree que estas no responden a un verdadero sentir cristiano. Considera la postura de esta Jerarquía como ambigua y colaboracionista con el régimen, colaboración que no sólo ataca el principio de libertad religiosa, sino a los principios de la propia Iglesia Católica y del cristianismo; con su apoyo moral, y su silencio ante los atropellos y crímenes, la Iglesia se ha constituido en la iglesia de los vencedores y no en la de todos.
Creemos necesario señalar que en el interior del Partido Carlista se formaría una organización de carácter muy radical en su actuación ya que efectuaría varios atracos a entidades bancarias y a empresas que se mostraron intransigentes en los conflictos laborales habidos, caso de la fábrica de embutidos Pamplonica SA de Pamplona, que sufrió un intento el 2 de julio de 1971. La finalidad de estas acciones, consideradas como acciones de resistencia y expropiaciones, era claramente política, como afirmaría uno de los miembros de esta organización (Grupos de Acción Carlista, GAC) en el Consejo de Guerra que lo juzgaba, en primer lugar ayudar a los exiliados carlistas, después ayudar económicamente a los obreros de la fábrica en aquellos momentos en huelga y en tercer lugar allegar fondos pars3 lo GAC. La primera acción conocida consistió en un lanzamiento de octavillas en la madrugada del 7 al 8 de septiembre de 1968 en las que se hacían alusión a la actuación de la Comisión organizadora de los juegos florales de Sangüesa de nombrar reina de los mismos a la hija del entonces Ministro de Información. Sus acciones más sonadas fueron el intento, frustrado, de asalto al reemisor de Berberana con la finalidad de conectar un aparato que permitiera la interferencia de una cinta magnetofónica durante el discurso de fin de año del general Franco (30-1 2-1 970), el asalto a Radio Requeté de Pamplona donde se colocó una cinta magnetofónica que fue oída durante seis minutos, contenía un manifiesto y el himno carlista Guernicaco Arbola (2-5-71) y la colocación de un artefacto explosivo de escasa potencia en los talleres del diario El Pensamiento Navarro (23-8-71).
El régimen además de los medios habituales de represión, detenciones, prohibiciones, multas, embargos, registros y cierre de locales, torturas, amenazas y condenas de prisión, utilizó el silencio, la desinformación, la calumnia y puso en marcha, sucesivamente, varias maniobras para crear un carlismo paralelo obediente a las directrices de Franco y para confundir a la opinión pública sobre la naturaleza política del carlismo y sobre las personas que, por voluntad de los carlistas y de acuerdo con las normas de sucesión tradicionales de la Monarquía Española, eran los auténticos titulares de la legitimidad carlista. La maniobra se probó con cierto éxito en los años cuarenta presentando a Carlos de Habsburgo (miembro de la organización austríaca de milicias denominada Heimwher dirigida por el príncipe Starhemberg) como titular de la dinastía carlista. Las sucesivas maniobras con la colaboración de personalidades tradicionalistas no tuvieron tanto éxito, sirviendo algunas de ellas como tema jocoso en algunas de las publicaciones carlistas. Los sucesivos fracasos de tales maniobras y la frustración que debió engendrar en el régimen y en las «personalidades tradicionalistas» es, posiblemente, una de las causas que motivaron la última de tales maniobras anticarlistas,«la operación reconquista» en el acto de Montejurra de 1976, así como también la toma de Montejurra, Estella y los accesos a esta por las fuerzas policiales en 1977.