[Historia] Algunas consideraciones en torno a un editorial de I.M.: «El derecho a la autodeterminación, camino del estado socialista federal»

Trabajo de Joaquín Cubero Sánchez publicado en Carlisme, foralisme i qüestió nacional. La premsa carlina. VI Seminari d’Història del Carlisme, Fundació Francesc Ribalta, 2002, pp. 81-90.

I.M., Información Mensual, es el nombre de la publicación periódica carlista que fue portavoz oficial del partido. Tuvo una primera época de diciembre de 1964 a mayo de 1967, la segunda época de enero de 1971 hasta mayo de 1976, y una tercera durante los años 1977 y 1978. En la pausa entre la primera y segunda época el carlismo tuvo como publicaciones oficiales de la dirección las denominadas Hoja Informativa. Secretaria General del Carlismo durante el año 1968 y Boletín informativo de carácter interno en el año 1970. La segunda época de I.M. continúa la numeración del boletín de 1970.

A través de sus páginas podemos ver no solamente cuestiones acerca de la evolución ideológica que tuvo lugar en el carlismo, sino también aspectos de su organización y de los cambios operados sobre esta. Por supuesto que es también una fuente de interés para el estudio de los conflictos sociales en la última etapa del franquismo.

El texto del editorial que vamos a comentar fue publicado en el número 45 de fecha enero-febrero de 1976. Prácticamente dos meses después de la muerte del dictador, en plena crisis del franquismo.

El texto parte de la afirmación de cuatro tesis: la burguesía es el gran obstáculo que impide el desarrollo de los pueblos mediante el liberalismo económico y las estructuras capitalistas; la autodeterminación es un derecho natural y una capacidad de libertad; sin libertad no existe la capacidad de elegir, de aquí la necesidad de unas bases democráticas; y el punto de partida condiciona la decisión de una comunidad.

La autodeterminación significa escoger entre tres opciones posibles: absorción, separación y federalismo. La opción federal requiere no solamente una situación de libertad sino de unas estructuras que hagan posible el pacto.

La alternativa del carlismo consiste en ligar el principio federal con el principio socialista. Por un lado la realización de una revolución que suponga la creación de nuevas estructuras y la desaparición política de la clase dominante y, por otro, en caso de la imposibilidad de la primera opción, en el supuesto de una democracia formal, proponer el reconocimiento de la soberanía de cada una de las nacionalidades como paso para la construcción del socialismo.

Aunque en el texto se afirma que es un artículo de principios, es patente que no es un ensayo de teoría política. Es claro que el texto está inmerso en la coyuntura política del momento. Sin hacer mención expresa, se está proponiendo algo más que una simple «ruptura democrática», alternativa que, como es sabido, fracasó en la etapa denominada «transición política» debido en parte a aquellos grupos políticos que teóricamente la apoyaban pero que en la práctica optaron por una desmovilización política de masas que se llamó «ruptura pactada». Se está proponiendo el fin, como clase política, del bloque oligárquico del estado español y, por consiguiente, de la estructura política en que basa su dominio: el estado unitario.

Pero su importancia, y no sólo teórica, radica en la alternativa en el supuesto de una democracia formal. Aquí se plantea la soberanía de las nacionalidades, no solamente como un derecho, que es lo que se ha explicitado anteriormente en el texto, sino también como una vía al socialismo. Ya que si no ha sido posible un proceso revolucionario global: el derrocamiento de la burguesía; se plantea este derrocamiento por otro medio: la desintegración del estado unitario.

La primera vez que de forma explícita el Partido Carlista reconoce como parte de su programa el reconocimiento del derecho de autodeterminación es en la Declaración del 1 de mayo de 1971 de su Junta de Gobierno con motivo del acto de Montejurra. En esta declaración se exige «Reconocer el pleno derecho de los pueblos que configuran España para que puedan voluntariamente constituir la Federación de las Repúblicas Sociales, que asegure su unidad».

El reconocimiento de tal derecho no lo plantea como un fin lejano a conseguir dentro del juego político de un estado democrático sino como un fin inmediato, garantía de un verdadero proceso democrático.

Así, en una entrevista de la clandestina Agencia Democrática de Información (ADI) a un portavoz autorizado del Partido Carlista, a la pregunta de «¿Sobre qué puntos mínimos considera el Partido Carlista que se pueda basar la coincidencia entre los grupos de la oposición?», la respuesta fue la siguiente «Esos puntos han de ser los necesarios para que el pueblo español pueda ser responsable de su futuro y se refieren a unas exigencias elementales que posibiliten esa participación democrática en el destino del país. En la situación actual estas exigencias abarcan una coalición a nivel de Gobierno, con carácter transitorio, que decrete una amnistía general, haga posible la libertad de todos los partidos políticos y la sindical y reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Así serán posibles unas elecciones en las que el pueblo decida, de una forma libre y democrática, las estructuras políticas y económicas del país. En el camino hacia esa alternativa el carlismo está más cerca de las fuerzas que luchan por la revolución social que de los grupos que preconizan una democracia formal.» (1).

Consecuentemente con esta y otras declaraciones similares el Partido Carlista acordó, por segunda vez, su retirada como miembro de la Junta Democrática de España el 26 de diciembre de 1974; una de las tres razones que se citaban como causas de este abandono era que «En el tiempo transcurrido la J.D. no ha modificado su postura con referencia al problema de las nacionalidades del Estado español y por tanto sigue sin reconocer el derecho a la autodeterminación de los distintos pueblos del Estado español» (2).

Es en esta defensa inmediata del principio del derecho de autodeterminación donde hay que buscar la principal causa de la marginación del Partido Carlista en el proceso de cambio político de la Monarquía del 18 de Julio creada por Franco en Monarquía Parlamentaria, y no en supuestos pleitos dinásticos que el Partido Carlista afirmaba no plantear. Tal proceso de marginación durante el proceso de cambio o reforma política se basó fundamentalmente en: exclusión del mismo en la comisión negociadora con el gobierno; represión política incluida la agresión de Montejurra 1976, que contrasta con la tolerancia a otros grupos que incluso pueden celebrar Congresos y actos de presentación en idéntica situación de ilegalidad; no legalización del Partido Carlista hasta ya celebradas las primeras elecciones parlamentarias; campaña de silencio en los medios de comunicación (3).

La afirmación del derecho de autodeterminación de los pueblos por parte del Partido Carlista es una cuestión que hay que enmarcar en el proceso de evolución general del mismo.

Las primeras manifestaciones explícitamente anticapitalistas y por la lucha de las reivindicaciones sociales junto a «extremismos de izquierda» aparecen a fines de 1956 en una hoja de los estudiantes carlistas (A.E.T.) titulada Vivimos descontentos, en donde se afirma «las estructuras sociales burguesas y el sistema capitalista no deben seguir vigentes», y en el Manifiesto de la Juventud Carlista de Navarra de diciembre de 1956. La expresión Revolución Social es utilizada por primera vez en 1959 en una hoja manifiesto de las juventudes carlistas de Cantabria. A partir de esta fecha es frecuente encontrar en hojas y artículos de la clandestina prensa carlista expresiones del tipo «los carlistas somos socialistas».

El término socialización es adoptado por el carlismo en 1964 en un manifiesto del Movimiento Obrero Tradicionalista (M.O.T.), una de las organizaciones oficiales del carlismo. En dicho manifiesto, titulado Manifiesto M.O.T. a los hombres del trabajo, el capitalismo es presentado como el símbolo de la opresión y de la tiranía, del egoísmo y la ambición que llena sus cuentas corrientes a costa de la sangre de los pobres. Pero a la vez que se niega del capitalismo se repiten las críticas habituales contra el estatismo, y se concluye: la solución no está en negarse al comunismo, sino en superarlo. El M.O.T., junto al término socialización, aportó otro, también nuevo, al ideario oficial del momento, la transformación social. Se propugna abiertamente en los documentos oficiales de esta organización en acabar con el sistema capitalista empleado todos los medios posibles sin otro límite que la ley de Dios. La socialización no se refiere solamente al nivel económico, sino a todos los campos de la actividad social. Pero toda la argumentación que se utiliza para atacar al capitalismo es básicamente religiosa: la explotación del hombre por el hombre rompe los planes de Dios, el sentido de la historia consiste en que la clase obrera al construir la nueva sociedad restaura el plan de Dios.

En el I Congreso del Pueblo Carlista el concepto Revolución Social queda definitivamente fijado en los contenidos ideológicos del carlismo a través de la Declaración de Don Javier de diciembre de 1970.

En el III Congreso del Pueblo Carlista, junio de 1972, el carlismo se definía como partido de clase y socialista, se concretaba el término Revolución Social, y se define al proyecto de monarquía como federación de repúblicas democráticas, forma que ya había utilizado Juan María Roma en su folleto Esbós del Programa Tradicionalista, publicado en 1908 (4).

En el acto de Montejurra de 1974 quedaba concretado el proyecto de Socialismo Autogestionario en la declaración oficial del Partido Carlista.

Por lo tanto, la evolución ideológica y programática del carlismo, ya claramente explicitada en las resoluciones de los Congresos del Pueblo Carlista y en las declaraciones oficiales de su dirección, no se puede considerar como un brusco giro o una ruptura. Es un cambio gradual que se aprecia en algunos de los textos carlistas a partir de 1955, y que contrasta con la excesiva similitud de la mayor parte de los textos carlistas durante los años 1940-1955.

Como hemos visto anteriormente, la idea de sustituir el capitalismo como sistema de organización social y económico no es una novedad. La evolución radica en la definición del proyecto con el uso del término socialista, en la utilización de los términos socialismo y autogestión. La utilización de éste último término se hace necesaria para que no quede ninguna duda sobre el proyecto; para remarcar el carácter antiestatista y anticentralizador del carlismo. De hecho, una de las principales críticas que se hacía al pensamiento socialista era su carácter excesivamente centralizador y estatista. Blinkhorn hace notar la comprensión y simpatía del carlismo hacia la izquierda libertaria y el «deseo compartido de descentralización» (5).

Es de interés recordar que este proceso fue calificado por el profesor Tuñón de Lara como una evolución lógica en unas declaraciones a la prensa:

«-¿Es históricamente explicable la evolución seguida por el Partido Carlista?

-Es un fenómeno de gran interés, aunque sin duda alguna es explicable. No podemos olvidar que el carlismo ha tenido siempre un enorme arraigo popular, ni tampoco que el proceso de industrialización de las zonas en donde está extendido es notable. En Navarra, en concreto, se ha pasado de una mayoría agraria a una mayoría industrial en poco tiempo. La evolución seguida me parece muy lógica» (6).

Como causas de esta evolución hay que señalar el rápido proceso de industrialización de España, la aparición de un nuevo movimiento obrero y la influencia del Concilio Vaticano II en la renovación del pensamiento y actitudes de los católicos.

Pero obviamente, la identidad del resultado de un proceso histórico, como es el carlismo, está ligada íntimamente a la génesis de éste. No es posible comprender la identidad prescindiendo de los orígenes y de la trayectoria histórica. A la vez, esta identidad, resultante de un proceso, puede facilitar una nueva actitud del investigador cara a plantear nuevas hipótesis sobre los orígenes y la trayectoria seguida.

Para entender la trayectoria, el camino recorrido por el carlismo, no se puede prescindir de estos datos: cualquier interpretación que formulemos sobre el carlismo está ligada, al menos, con la interpretación global que formulemos -o tengamos en mente- sobre la España contemporánea y el desarrollo del capitalismo en esta; cuando el feudalismo desarrollado entra en su fase de crisis y se produce el primer proceso revolucionario en 1808, el Antiguo Régimen o la Monarquía Española no está constituido por una formación social única: no solamente coexisten diversos códigos jurídicos sino también diversos regímenes agrarios; en el proceso de revolución burguesa, y no sólo en España, lo que irrumpe no es la idea regionalista o la federal sino la realidad de un estado centralista; del conocimiento del contrario: de lo que era el proyecto liberal (la vía del capitalismo agrario), el modelo de sociedad liberal implantado en el proceso de la revolución burguesa fruto del pacto entre la nobleza terrateniente y la burguesía; cuando se plantea el conflicto de intereses durante el Trienio Liberal, aún no están conformados lo núcleos ideológicos respectivos de los dos grupos (o clases en formación) enfrentados; como ha señalado Fontana en el conflicto «el problema (de la propiedad) de la tierra ocupaba un lugar central» (7); el realismo y después el carlismo es el cauce donde confluyen y se superponen protestas e intereses diversos y, a veces, enfrentados; la protesta campesina y de los estratos bajos urbanos se expresa mediante los términos y conceptos de la cultura y de la ideología dominante de la época; en las sociedades agrarias y preindustriales, la propaganda es principalmente oral; los textos escritos pueden ser insuficientes para el estudio de las motivaciones reales de los grupos en conflicto, especialmente de las clases subalternas; distinguir claramente entre religiosidad -más concretamente religiosidad popular- y clericalismo y, finalmente, la función de la ideología es precisamente ocultar los intereses de clase, incluso para los grupos beneficiados por tales intereses como resultado de un proceso de dominación.

Durante la Primera Guerra Carlista, en el País Vasco-Navarro, el tema de la defensa del sistema foral estaba estrechamente ligado al nivel de vida del campesino y de los estratos bajos urbanos Ya que el mantenimiento de los fueros significaba una protección contra la subida del arrendamiento y la amenaza de desahucio por parte del noble terrateniente, la exención de contribuciones (derechos reales, papel sellado, impuesto sobre el tabaco), y obligaciones como las quintas y el mantener tropas en tiempos de paz. La supresión de los fueros suponía el traslado de las aduanas y, por lo tanto, el fin de la existencia de una zona de libre comercio donde se podían adquirir productos más baratos. La defensa del fuero era, pues, una defensa de las propias condiciones de existencia.

Que la causa de la guerra era el temor, bien fundado, de que los vasco-navarros iban a ser privados nuevamente de sus fueros, y que estos confiaban en que Don Carlos los mantendría, era una tesis prácticamente generalizada en la época (8).

Esta confianza en que Don Carlos sería el mantenedor de los fueros se evidencia en una canción popular vasca del año 1834 (9):

Don Karlosek emon dau
érege-bérbea, érege bérbea
gura dabela gorde
euskaldun legea

Don Carlos ha dicho
El mismo rey, el mismo rey
Que quiere guardar
La ley vasca

Louis Viardot llegaría a afirmar en 1835 que en el hecho de que en el Trienio Liberal estas provincias fueron privadas de sus fueros «debe buscarse la verdadera causa de su levantamiento y el carácter de la guerra que sostienen con tanta pertinacia […]. No fueron los principios del absolutismo ni los derechos de D. Carlos que hicieron tomar las armas a las provincias Vascongadas, sino la conservación de sus franquicias que ven amenazadas con el restablecimiento de la uniformidad. En su insurrección hay un sentimiento de nacionalidad ofendida, de resistencia a la fuerza extranjera: porque esas provincias no mantienen una guerra de opinión, ni tampoco puede llamarse una guerra civil, sino de independencia; y si desean que la España sea esclava bajo un rey absoluto, es para vivir ellas con toda libertad bajo constitución republicana» (10).

Ya en ésta guerra circuló el rumor del intento de proclamar un estado independiente vasco, rumor que recoge la propaganda liberal de la época y que, según la misma, «no carece absolutamente de fundamento» (11).

Durante los años del Sexenio el alavés Ortiz de Zárate afirmaría en el periódico El País Vasco-Navarro; «Nosotros deseamos que el pueblo vasco navarro lleve su autonomía hasta el último límite posible, y ostente una verdadera nacionalidad casi independiente» (12).

El mismo Carlos VII, en 1892, al evocar el acto del Juramento a los Fueros de Vizcaya efectuado en Guernica, afirmo que en dicho acto «destacaban como figuras principales la fe y la noble independencia, dando la mano a la fidelidad más acendrada.» (13).

En Cataluña la cuestión de los fueros aparece bien explicitada durante el Trienio Liberal; el barón de Eroles diría a los catalanes en su manifiesto de 15 de agosto de 1822 «También nosotros queremos constitución… para formularla… recurriremos a los fueros de nuestros mayores», y en el Manifiesto de la Regencia de Urgell de la misma fecha hay una alusión explícita a la conservación de los fueros en el punto séptimo del mismo.

En la Guerra de los Siete Años, Benito de Plandolit, en su manifiesto Españoles, Catalanes, de fecha 31 de octubre de 1834, afirmaría que Don Carlos «promete guardar los antiguos privilegios a este principado» (14). La misma Junta Superior Gubernativa de Cataluña solicitó a Carlos V el restablecimiento de los fueros catalanes, exposición que fue redactada por Magín Ferrer (15).

En 1841 un diario de Perpiñán informaba de un grupo de carlistas catalanes que estaban por un nuevo levantamiento pero no por don Carlos, «sino en favor de lo que ellos llaman independencia de Cataluña.», el mismo medio señalaba que el jefe carlista Ferrer había declarado «que él no estaba por Carlos V, sino por la libertad de Cataluña» (16).

Durante la Tercera Guerra Carlista, escribía don Alfonso Carlos a su hermano Carlos VII: «Lo que los catalanes desean es, bajo la palabra Fueros, declararse independientes de España.» (17). Pirala al mencionar este documento afirma que entre los carlistas catalanes se advertía «una aspiración común, la independencia de Cataluña.»

NOTAS:

1) Boletín de Información, número especial, julio de 1972, pág. 4, Madrid.

2) API Agencia Popular Informativa, núm. 58, 18 de enero de 1975, Barcelona, pág. 10

3) Esta prohibición de informar sobre el Partido Carlista la reconoce explícitamente el periodista Lalo Azcona en Reporter, núm. 29, 7 de diciembre de 1977.

4) ROMA, Juan María, Esbós del Programa Tradicionalista, Barcelona, 1908, 14 págs.

5) BLINKHORN, Martin, Carlismo y contrarrevolución en España 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1979., págs. 248 y 249.

6) Entrevista a Manuel TUÑON DE LARA por S.V., La Vanguardia, Barcelona, martes 18 de mayo de 1976.

7) FONTANA, J., Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1973, pág. 162.

8) Entre otros puede verse VON GOEBEN, Augusto, Cuatro años en España (1836-1840). Los carlistas. Su levantamiento, su lucha y su ocaso. Esbozos y recuerdos de la guerra civil, Pamplona, 1966, págs. 34 y 35; BORDAS, Luis, Historia de la revolución y guerra civil de España, ó sea hechos memorables acaecidos desde la última enfermedad de Fernando VII hasta la conclusión de la guerra en los campos de Vergara, Barcelona, Imprenta Hispana, 1847, págs. 49, 61 y 63; HORMARCHE, Francisco de, «De las causas que más inmediatamente han contribuido a promover en las provincias vascongadas la guerra civil», Revista de Madrid, Tomo I, 1839.

9) URIARTE, Eduardo, La insurrección de los vascos, Donostia, Hordago, 1978, pág. 19

10) La cita en BORDAS, Luis, Historia de la revolución…, pág. 70.

11) Un español-guipuzcoano, Provincias vascongadas. Fueros de Guipúzcoa. Contestación a un impreso anónimo que desde Bayona de Francia se ha remitido por el correo a varios Ilustres próceres y otros personages residentes en Madrid por…, Madrid, Imprenta de los herederos de D. F. Martínez Dávila, 1836, pág. 29.

12) GARMENDIA, V., «Aspectos ideológicos del carlismo (1868-1876)», separata del Noveno Congreso de Estudios Vascos, Antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual. Siglos XVIII y XIX, Sociedad de Estudios Vascos, 1983, págs. 65-77 y pág. 75.

13) Carlos VII, Autógrafo para la Sociedad Tradicionalista de Guernica, Venecia, 7 de julio de 1892. Cit. por FERRER, M., Antología de los documentos reales de la dinastía carlista, Madrid, 1951, pág. 112.

14) El texto del manifiesto en PIRALA, Antonio, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, segunda edición, refundida y aumentada con la historia de la regencia de Espartero, Madrid, 1868, Tomo VI, pág. 590.

15) WLIHELMSEN, Alexandra, La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1875), Madrid, Actas, 1998, pág. 349, el dato lo recoge de SEGARRA I DE SISCARD, Ferran de, La primera Guerra Carlina a Catalunya (contribució al seu estudi). El compte d’España i la Junta de Berga, Barcelona, Barcino, 1935, dos vols., vol I, pág. 8

16) Diario El Corresponsal, 22 de junio de 1841, cit. por SÁNCHEZ i AGUSTÍ, Ferran, Carlins i bandolers a Catalunya (1840-1850), Sallent, 1990, pág. 10.

17) PIRALA, Antonio, Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra civil, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1879, Tomo V, pág. 473, Solsona, 28 de mayo de 1874.