Que hablen los ciudadanos

por manuel gómez, Secretario de Organización y Comunicación de la UGT de Navarra – Jueves, 13 de Septiembre de 2012 – Actualizado a las 05:07h

EN política, los ciudadanos estamos más que acostumbrados a medir la distancia que existe entre lo que se promete en campaña y lo que se hace una vez en el poder. Ningún Gobierno cumple exactamente su programa -algunos, incluso, lo incumplen amplia y descaradamente-, entre otras cosas, porque los deseos y anhelos que expresa el programa electoral deben pasar luego por el tamiz de los imperativos de la realidad. Los políticos salvan esta distancia apelando al pragmatismo, un término recurrente, que suele consistir en realizar el consiguiente ejercicio de ajuste entre lo que se quiere y lo que se puede hacer. De ahí el escepticismo con el que los votantes acogen las promesas electorales.

Pero una cosa es incumplir en mayor o menor medida los compromisos electorales alegando fuerza mayor y otra muy distinta hacer exactamente lo contrario de lo que se prometió en campaña -el último debate electoral representa el testimonio más elocuente- y se reiteró en el discurso de investidura. Eso es simplemente mentir y eso es lo que el Gobierno del PP ha convertido en seña de identidad: hacer de la mentira una forma, la única en su caso, de ejercer la política.

Primero, fue la mentira preventiva o preelectoral, aquella de «no subiremos los impuestos y no abarataremos el despido». No sólo se negó con fines electorales lo que se pensaba hacer nada más ganar las elecciones, sino que, en un ejercicio de perversión política sin precedentes, se argumentó con auténticas perlas: «Subir impuestos es de izquierdas y significa más paro y más recesión»; «no pretendo abaratar el despido, sino promover que el contrato indefinido sea la regla general» -afirmó Rajoy-. A renglón seguido se subió el IRPF y se impuso una reforma laboral que acaba con el Derecho del Trabajo, establece prácticamente el despido universal y gratuito, y consagra la precariedad a través del contrato para emprendedores.

Después, la mentira pura y dura: «Yo le voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, la sanidad y la educación», aseguró Rajoy. Pues bien, a los pensionistas se les castiga con más impuestos y el repago farmacéutico («no soy partidario del copago en la sanidad», dijo también el presidente), y a la sanidad y educación públicas los brutales recortes las están dejando irreconocibles.

Siguiendo con los impuestos, Rajoy afirmó que «la amnistía fiscal es impresentable, antisocial e injusta», amnistía que se ha apresurado a decretar para los defraudadores, y que «la subida del IVA es contraproducente, injusta y un sablazo de mal gobernante». No hay mejores palabras para calificar la actuación del Gobierno en esta materia.

Pero ya nos anunció también Rajoy: «No voy a renunciar a la soberanía del pueblo español y a que las grandes decisiones económicas las tome el Parlamento nacional». Donde dice soberanía entiéndase imposición y sustitúyase Parlamento nacional por FMI, Eurogrupo y Banco Central Europeo y la frase cuadra a la perfección.

Ganar las elecciones con mentiras y gobernar a golpe de embuste es un fraude democrático en toda regla. Un fraude que no atenta contra la legalidad vigente, pero que erosiona profundamente la legitimidad del Gobierno que así se comporta y, sobre todo, y esto es lo más grave, que socava los cimientos de la democracia, desprestigiando no ya a uno de sus poderes, el Ejecutivo en este caso, que se puede cambiar con unas nuevas elecciones, sino al propio sistema, que, al menos por ahora, no tiene mejor alternativa.

Y eso es lo que está haciendo el Gobierno cuando da la vuelta a sus promesas electorales como si fueran un calcetín, trata de ocultar buena parte de sus decisiones, miente constantemente a la opinión pública y hurta a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre medidas que están desmantelando nuestro modelo constitucional de Estado social, adoptándolas, además, de forma unilateral, sin consenso alguno y amparándose en una mayoría absoluta lograda mediante el engaño masivo.

Por eso, docenas de organizaciones sindicales, sociales, sectoriales y profesionales hemos constituido la cumbre social en Navarra y en el conjunto de España, para exigir al Gobierno que someta sus decisiones al veredicto del pueblo, que es el verdadero sujeto de la soberanía. Y por eso nos vamos a concentrar masivamente en Madrid el próximo 15 de septiembre. Porque creemos que ha llegado el momento de decir basta, de impedir que este Gobierno se salte todas las líneas rojas del modelo de convivencia del que nos dotamos al salir de la dictadura franquista.

Se trata de defender la democracia, los derechos sociales y laborales, y los servicios públicos. Se trata de salvaguardar la educación y la sanidad públicas, la dignidad laboral y el bienestar social.