Comunicado de las Juventudes Carlistas ante la anulación de la Ley de Derechos Históricos de Aragón

El 28 de junio de 2018 el Gobierno de Aragón promulgó la Ley de actualización de los Derechos Históricos de Aragón, que previamente había sido aprobada en las Cortes de Aragón por una amplia mayoría que incluía a la sucursal aragonesa del PSOE. Solamente votaron en contra de dicha Ley Ciudadanos y el Partido Popular, que al igual que hizo con el Nou Estatut de Catalunya, no tardó en presentar recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional de Madrid. A inicios del año 2019 el Gobierno central, el PSOE, también recurrió esta Ley. Las manifestaciones posteriores de Javier Lambán (PSOE), presidente de Aragón, acerca de que «la Historia no da Derechos», demuestran lo que realmente creía en una Ley que él mismo votó en las Cortes de Aragón.

El pasado 20 de diciembre, coincidiendo con el 428º aniversario de la decapitación de Juan de Lanuza, el Justicia de Aragón, se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que anula 23 de los 34 artículos de la Ley. Las Juventudes Carlistas rechazamos esta sentencia como un nuevo agravio centralista, pero sin embargo consideramos que era inevitable en el marco jurídico y político actualmente existente.

Esta Ley, al igual que la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado en 2007, se fundamentaba en una lectura bastante inocente de la disposición adicional primera de la Constitución española de 1978, que si bien afirma amparar y respetar «los derechos históricos de los territorios forales», a continuación deja bien claro que: «La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Los antiguos Fueros aragoneses no eran otra cosa que la Constitución de un Estado, el Reino de Aragón, y por tanto la expresión jurídico-política de una Nación, la aragonesa. La Constitución española de 1978, al igual que todas las Constituciones liberales que se han sucedido desde 1812, está fundamentada en el mito de la denominada «unidad constitucional de la nación española». Como bien pudo comprobar el pueblo vasco después de la estafa del Convenio de Vergara en 1839, el Reino de España no reconoce más soberanía que la ejercida por las instituciones madrileñas.

Más allá de una descentralización autonómica, dentro de unos límites predeterminados, o del reconocimiento simbólico de Aragón como «nacionalidad histórica», no es posible ningún cambio estructural para el pueblo aragonés mientras siga vigente el Régimen de 1978. Nuestros Fueros son Derechos anteriores y superiores a toda Constitución madrileña, que únicamente serán restablecidos en el marco de una estatalidad propia. Por eso, las Juventudes Carlistas reivindicamos un proceso constituyente de carácter federativo que impliqué el reconocimiento de todas las naciones españolas como sujetos de su propia soberanía.

Zaragoza, 4 de enero de 2020.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

  Subscribe  
Notify of