El señor Ministro de Justicia desconoce de lo que habla o miente

No existe tal panteón al que se refiere Rafael Catalá Polo en el cementerio de la localidad guipuzcoana de Tolosa. Por lo que el señor Ministro de Justicia desconoce de lo que habla o directamente miente. En cualquier caso algo no muy apropiado para una persona con tal tipo de responsabilidad.

Hemos respondido al señor ministro en su cuenta de twitter:Aquí se puede leer la noticia:

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado hoy al PNV no haber tocado el Panteón Carlista de Tolosa

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One Response to El señor Ministro de Justicia desconoce de lo que habla o miente

  1. El senador Jokin Bildarratz responde al ministro Catalá en el diario Deia haciendo referencia a la aclaración publicada por Partido Carlista en su página web:

    http://www.deia.eus/2018/04/01/opinion/tribuna-abierta/franqueo-en-el-valle-de-los-caidos

    EN el Valle de los Caídos, hasta los errores son de parte. En la página web que detalla los pormenores e historia del monumento se afirma que el retablo gótico flamenco de la Capilla del Santísimo se halla franqueado por las imágenes de seis apóstoles. Lo cierto es que utilizar en el citado contexto el verbo “franquear” en lugar de “flanquear” no deja de ser una anecdótica errata, significativa eso sí, dentro del monumental despropósito que supone la propia existencia de un mausoleo de inequívoca significación franquista en pleno siglo XXI.

    Hoy, 1 de abril, se cumplen 59 años desde que Franco inaugurara oficialmente el bautizado como Monumento a los Caídos. La fecha no fue elegida casualmente, como tampoco fue casual que 19 años antes el dictador hubiera organizado ese día una inauguración simbólica del mismo en San Lorenzo del Escorial. De hecho, fue elegida por ser el día en que las tropas golpistas sublevadas contra la legítima República ganaron la Guerra Civil en 1939. Una fecha en la que, según establece el convenio con la Abadía Benedictina de Silos que gestiona el monumento, es obligatorio “cantar una misa solemne de acción de gracias” con motivo del día “en que terminó nuestra cruzada” (sic).

    Resulta comprensible que, en el contexto histórico del 29 de mayo de 1958, estos términos pudieran recogerse en el citado convenio. Ahora bien, lo que es difícilmente justificable es que casi sesenta años después de su firma y más de cuarenta años después del final de la dictadura que amparó esta inmoralidad, siga aún en vigor. Por ese motivo, el 20 de marzo, en el último pleno del Senado, reclamé al ministro de Justicia que pusiera en marcha los mecanismos para subsanar una realidad que no se ajusta a derecho;que previera cuándo y cómo iniciar el procedimiento de actualización de un nuevo acuerdo que sustituya al de 1958. Solicité un calendario, contenidos e instrumentos de participación para dar cauce a una decisión que cuenta con amplio consenso social y político.

    No por resultar recurrente y obvio voy a dejar de utilizar el argumento de que a nadie se le ocurriría que en Alemania o Italia pudiera existir un monumento de exaltación de Hitler o Mussolini. Sin embargo, en el Estado español, el mausoleo erigido en honor a quien provocó la Guerra Civil y con ella miles de muertes no solo sigue en pie sino que el concierto que rige su uso sigue otorgando respaldo oficial a cometidos como la celebración de una misa el día de la “exaltación de Franco a la jefatura del Estado” o en el aniversario de su muerte. Resulta inaceptable leer la propia razón de ser de este convenio: Rogar a Dios por las almas de los muertos en la cruzada nacional, tal y como literalmente recoge el texto.

    Mi predisposición a la empatía es inquebrantable y soy consciente de la incomodidad que despierta en los responsables del Partido Popular afrontar una cuestión histórica ante la que parte de sus potenciales votantes mantienen un punto de vista que dista mucho de lo que debiera ser admisible en un Estado que se llame de derecho. En cualquier caso, mi decepción fue absoluta ante la respuesta que Rafael Catalá dio en el pleno del Senado a mi pregunta;más aún cuando, dos semanas antes, la secretaria de Estado de Justicia me había adelantado en la propia Cámara Alta la disposición del Ejecutivo central a revisar el citado convenio.

    Más allá de presuntas trabas y dificultades, al menos discutibles, el responsable de la cartera de Justicia consideró que, en este asunto, la mejor defensa era un ataque y me echó en cara que tampoco yo, habiendo sido alcalde de Tolosa, toqué un panteón carlista en el cementerio de mi localidad. No lo hice porque ni siquiera tenía, ni tengo, constancia de la existencia de tal monumento. De hecho, me remito a lo que el propio Partido Carlista ha hecho público en relación a esta afirmación del ministro: “No existe tal panteón al que se refiere Rafael Catalá Polo en el cementerio de la localidad guipuzcoana de Tolosa. Por lo que el señor ministro de Justicia desconoce de lo que habla o directamente miente. En cualquier caso algo no muy apropiado para una persona con tal tipo de responsabilidad” (fin de la declaración).

    Dicho esto, es precisamente la alta y singular responsabilidad que ostenta el ministro de Justicia la que debería haberle impedido utilizar un argumento de tan ínfimo nivel. Más aún teniendo en cuenta que forma parte del gobierno de un país, España, que acredita el dudoso honor de ocupar el segundo puesto en el mundo, tras Camboya, en número de personas desaparecidas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Por si esto fuera poco, el presidente de su gobierno se jacta públicamente de no haber invertido un solo euro en cumplir los mandatos de la Ley de Memoria Histórica.

    El nulo respeto de los máximos mandatarios del Estado ante la citada Ley supera todo lo permisible y el propio Consejo de Europa ha apercibido al Ejecutivo central por sus incumplimientos, reclamando la pertinencia de una revisión de la misma tras diez años de tan escaso rendimiento. He compartido la incredulidad y frustración que sienten los familiares de las víctimas, con quienes nos hemos reunido en innumerables ocasiones, ante las reiteradas promesas incumplidas y los vacuos llamamientos a la reconciliación que pierden todo su sentido porque nunca llega. Han pasado cuarenta años desde el fin de una dictadura que duró otros cuarenta años y aún hay familiares que siguen viviendo con la frustración de saber que su padre o abuelo se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos y la administración pública se resiste a adoptar medidas que les permitan localizarlos.

    Los familiares de los hermanos Lapeña sí lograron que el juzgado de San Lorenzo del Escorial autorizase la exhumación de sus cuerpos, aunque el prior de la Abadía Benedictina de Silos la bloqueó presentando un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Afortunadamente, Santiago Cantera accedió la semana pasada a retirar dicho recurso y, también, a reunirse con los familiares de las personas enterradas en el mausoleo sin su permiso. Ambas exigencias eran, precisamente, las que el Partido Nacionalista Vasco había trasladado en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Comisión a la que declinó acudir proponiendo, a cambio, que fuéramos los senadores quienes visitáramos Cuelgamuros. Afortunadamente, su rectificación hace innecesaria nuestra asistencia al megalómano panteón y nos ahorra tener que tolerar insultos como los que algunos nostálgicos del totalitario régimen nos dedicaron allí semanas atrás en una visita oficial de varios europarlamentarios, entre los que se encontraba Izaskun Bilbao y, sobre todo, tener que volver a constatar que la tumba del dictador es adornada, cada día, con un ramo de flores frescas.

    Volviendo al ministro Catalá, justificaba la demora en renovar el Convenio que rige la gestión del Valle de los Caídos amparándose en la necesidad de una capacidad económica y de un consenso político y social, al que hacía referencia el informe de 2011 de la Comisión de expertos. Al margen de que el presupuesto que requeriría tal actualización es irrelevante, resulta paradójico y triste que, cuarenta años después de la muerte de Franco, los principales partidos del Estado carezcan de voluntad política real para asumir el sinsentido de la existencia de un mausoleo que acoge sus restos en el altar principal, lo que hace que siga siendo considerado un monumento de homenaje al dictador, tanto simbólica como oficialmente. La resignificación del Valle de los Caídos es un quehacer ineludible;debe dejar de ser un monumento de parte y pasar a ser, lo antes posible, un monumento para la paz que recoja las sensibilidades de todos los contendientes. Fueran vencedores o vencidos, todos perecieron en una guerra sin sentido.

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