[Opinión] ¿Y ahora qué?

Editorial publicada en El Federal Nª 64

En Catalunya ya se han celebrado las elecciones impuestas por el Gobierno central y centralista del Partido Popular aplicando, a su manera, el artículo 155 de la Constitución, para arreglar un “entuerto”, pero resulta que éste continúa. Si se repite la situación y el Parlament Catalá  vuelve a replantear su aspiración a unas relaciones diferentes a las actuales con las otras Españas, y el Gobierno central y centralista del PP vuelve a negarse a ello, a facilitar la convivencia, volviendo a imponer el artículo 155 de la Constitución, inútilmente de nuevo porque la nueva imagen del Parlament apenas variaría, si acaso con 2 parlamentarios menos el PP.

¿Se volvería a repetir de nuevo el “procés”, y la “nueva” aplicación del artículo 155, con unas nuevas elecciones, con resultado parecido, si acaso con el PP desaparecido del Parlament, pasando a ser, así, una más de las empresas que se han “ido” de Catalunya?.

Judicializar los asuntos políticos trae estas consecuencias extrañas, además de otras, injustas, por más que las quieran vestir de “legalidad”.

Se llenan la boca con la palabra “democracia” pero suena a falso ya que anteponen la legalidad a los usos democráticos, porque no son demócratas.

Aunque, sobre el papel, la Constitución de 1978, elaborada para salir de la dictadura franquista ha recibido el “placet” europeo porque a los poderes económicos europeos les interesa un mercado, cuanto más grande mejor, España es el país europeo que más críticas y multas ha recibido por parte de la Comisión Europea,  del Parlamento europeo y del Tribunal de Estrasburgo, precisamente por incumplir las normativas europeas, la legalidad europea. Y es que con las “patas de atrás”, ensucian las formas democráticas que aguanta el papel que soporta el texto de la Constitución española de 1978, porque con la legalidad que han desarrollado los partidos mayoritarios, PP y PSOE, han vaciado de contenido esa Constitución, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos sociales y a los Derechos Humanos y políticos: tortura, ley hipotecaria y desahucios, expulsiones “en caliente” de inmigrantes, incumplimiento de acogida de 17.000 refugiados…

También se le llena la boca al PP asegurando que en España hay separación de poderes, pero aquí sabemos que en los niveles altos no es así, y en Europa también se han dado cuenta, y les han dicho que es insuficiente; por eso, ante el “toque” que ha recibido Polonia de retirarle el derecho a voto en la Comisión Europea, por la pretensión del Gobierno, poder ejecutivo, de nombrar a los componentes del poder judicial, el PP debería aplicarse aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.

Otra muestra más de la calidad de la democracia española es la retirada de la orden de detención, del President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Puigdemont, porque los delitos por los que se pedía su extradición no figuran en Europa, en Bélgica, en este caso, lo cual indica lo mucho que nos falta para armonizar nuestra legalidad a la de los países que tenemos como referencia de funcionamiento político y económico.

Tampoco tiene mucho sentido que un ciudadano europeo pueda dar esquinazo a la legalidad de un país europeo, pasando  a otro de la misma Europa que se supone sin ”fronteras internas” . Tal vez sea porque en la construcción europea el acento se ha puesto en la Europa-mercado económico, aunque sin incluir la mutualización de la llamada “deuda soberana”. Pero el ser humano no es sólo un ser económico; tiene otras dimensiones, como la social y la política, regida por normas que habría que armonizar en toda Europa en una dirección más humanizadora  ya que es el ser humano el que debe gobernar la economía, y no al revés.

Si a estos desaguisados europeos unimos los “internos” en lo que se refiere al aumento de las desigualdades sociales y económicas, el aumento de la pobreza en general, y de la infantil en particular, una reforma laboral esclavizante e incapaz de sacar a la gente de la pobreza, una ley educativa uniformizadora, una ley de orden público amordazadora y que restringe excesivamente los derechos civiles y políticos básicos para el funcionamiento democrático de la sociedad, una insultante reforma de las pensiones, una nefasta gestión del fondo de reserva de la Seguridad Social que lleva a la inviabilidad del actual sistema pues es incapaz de mantener el equilibrio entre entradas y salidas…, podemos hacernos una idea de la situación social y política de España a la que nos ha llevado la gestión de gobierno del PP pero  que no nos es facilitada por los Medios de Comunicación, la mayoría en manos de los detentadores del poder económico.

Todo esto es fruto de guiarse por la política de “hechos consumados”, por la legalidad impuesta por quien se ha impuesto por la violencia, por la fuerza de los hechos y no por la fuerza de la razón, por la fuerza de la humanidad. A lo largo de la Historia ha habido distintas violencias que se han impuesto a la mayoría social que vive a base de la fuerza de sus brazos y de su ingenio; nosotros, los carlistas, nacimos de una oposición a una de esas violencias, la de los “liberales”, que nos impusieron por la fuerza de las armas, y seguimos denunciándola pues es ahí donde situamos el origen de los entuertos políticos, sociales y económicos que padecemos hoy día. Tenemos muchos nudos que desatar y muchas alambradas que quitar para que la vida individual y social adquiera la soltura necesaria para vivir con alegría y no con la sensación de estar sometidos a una determinada legalidad impuesta por una violencia que se impuso por la fuerza bruta y que luego nos impone sus leyes y normas, su legalidad.