35 años de Montejurra 76

Publicado en diario de Noticias 3/05/2011

El franquista Fraga, actual presidente honorario del PP y entonces responsable del Ministerio de Gobernación, junto a sus colegas Adolfo Suárez (ministro secretario general del Movimiento Falange); Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el general Campano, director de la Guardia Civil, andaba aquellos días con el eslogan de la calle es mía, intentando abortar los actos del 1º de Mayo, intoxicando y utilizando todos los resortes y toda la violencia de la dictadura que mantenía atados y bien atados a los tres poderes que se resumían en uno solo que era el de la fuerza, y que además no tenía votos particulares ni rubor alguno y seguía perpetuándose tras la muerte física que no política de Franco.

Entonces era la defensa de la nación española, de su religión, de la independencia patria y los 40 años de paz frente al estalinismo invasor y disgregador, el argumento que utilizaban para asustar al pueblo y hacer tabla rasa con los adversarios políticos, tachándolos de comunistas, leninistas, estalinistas e incluso maoístas, anarquistas y masones a cuantos protestábamos contra la dictadura y sus herederos, defendiendo la libertad sindical y la democracia participativa, dándoles igual que fuéramos estudiantes, sindicalistas de USO, UGT, Comisiones o de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), o simplemente carlistas y demócratas amantes de la libertad y los DDHHCCPP.

Hacía menos de dos meses que habían sido ametrallados y asesinados 5 trabajadores en huelga y heridos cerca de 200 por los grises en Vitoria, tras recibir de sus mandos la orden de a por ellos y de gasear la Iglesia en la que intentaron resguardarse los obreros. La Policía armada disparó más de dos mil balas cuando los huelguistas reclamaban pacíficamente el derecho a reunirse, manifestarse e ir a la huelga, que a finales del siglo XX aún seguía prohibido en el orden de la proclamada democracia orgánica de los 40 años de paz franquista que nos hizo pasar por la Modelo y el TOP, un tribunal de excepción equiparable a la Audiencia Nacional, a casi todos los antifranquistas por el único delito de defender la libertad y los DDHH y rebelarnos contra la opresión.

Pero aquello no había hecho más que empezar, los terroristas más sangrientos de la extrema derecha mundial, la triple A argentina y la internacional fascista italiana trabajaban desde hacía meses como mercenarios en distintos organismos de la seguridad del Estado y participaban con todos los medios y recursos en grupos parapoliciales como el BVE o el GAL, que junto a la ultraderecha franquista, Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey, etcétera, golpeaban impunemente a todo el espectro demócrata y a todos los antifranquistas, daba igual que fueran los trabajadores en huelga, los estudiantes en las asambleas o los abogados que, como los de Atocha, les defendían.

Aquellos días, desde altas instancias del Estado, Guardia Civil, CESED y la prensa más significativa (Arriba, El Alcázar, El Pensamiento Navarro, ABC…) también estaban ultimando la operación reconquista contra el Partido Carlista, tal como lo afirma y detalla el general Sáenz de Santamaría en el libro Interior de Santiago Belloch, con el fin de acabar mediante el terror con el único altavoz de toda la oposición antifranquista que entonces era el acto de Montejurra, y con las ideas democráticas, autogestionarias, socialistas y federativas del mismo.

Con Sixto de Borbón al frente y a su lado toda la ultraderecha que había llegado en autobuses fletados por la secretaría general del movimiento con bocadillos pagados y la financiación de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, bien dotados de armas y municiones de guerra (ametralladora media MG 42/56 de reglamento en el Ejército español) que habían intentado conseguir a través de Campano, nos dispararon, resultando muertos por bala Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, y también muchos otros heridos ante la pasividad de la Guardia Civil y Policía armada que, siguiendo las órdenes recibidas, no detuvieron a ningún agresor ni intervinieron las armas a pesar de ser requeridos para ello y ocurrir los hechos en su presencia.

En días posteriores, y por exigencia judicial del Partido Carlista, que exhibió fotografías y pruebas contundentes, fueron detenidos el comandante del Ejército en la reserva, José Luis Marín García Verde -el hombre de la gabardina-, acusado de haber disparado su arma contra Aniano Jiménez Santos. También se vieron forzados a detener a Pepe Arturo Márquez de Prado y a Francisco Carreras Mouriño, aunque no fue posible conseguir que se les encausara por un crimen político como realmente fue, sino como un presunto homicidio. A pesar de la sangre derramada y de las pruebas irrefutables, fueron amnistiados y puestos en libertad al poco tiempo de forma irregular, ya que ni siquiera fueron juzgados ni sentenciados. En cuanto a Sixto de Borbón, que encabezó la facción de los asesinos, fue conducido con urgencia al aeropuerto por las Fuerzas de Seguridad para que abandonara el país antes de que se librara la requisitoria judicial contra él a solicitud del Partido Carlista.

Después todo esto se olvidaría y al Partido Carlista le impidieron acudir a las primeras elecciones -democráticas- al rechazarse -judicialmente- su legalización, argumentando que se presumía que no aceptábamos la continuidad en la jefatura del Estado que de principio imponía la dictadura, y que además atacábamos los fundamentos del Estado franquista también por nuestros postulados federativos. Así nos dejaron fuera de juego los herederos de la criminal dictadura, sin que el resto de partidos con los que nos habíamos comprometido en juntas y platajuntas a no aceptar la ilegalización de nadie -o todos o ninguno-, dijeran esta boca es mía. Luego, que ya nos habían desaparecido políticamente, y con 4 años de entierro político por delante, sin que nada hubiera cambiado nos legalizaron.

Acabaron con la relativa importancia del Partido Carlista entonces, pero el sistema y la llamada democracia nació atada y manchada hasta degenerar en el 23 F y otros eventos tan poco edificantes. A pesar de ello el Partido Carlista sigue vivo y aportando soluciones necesarias para avanzar en el camino hacia la ética política, la participación popular y la democracia económica, social y política, y en el respeto a la soberanía de los pueblos y a su convivencia libre, voluntaria y confederal desde la autodeterminación.

La historia es necesario recordarla y no dejar que se olvide, pues de lo contrario estamos condenados a repetirla. Hoy podemos comprobarlo claramente con lo que está ocurriendo con Bildu.

Patxi Ventura

Militante de EKA