[Prensa] El Partido Carlista pide desclasificar los documentos de Montejurra’76

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Ha enviado una petición al Parlamento de Navarra para que se dirija a la Administración del Estado.

El Partido Carlista ha enviado una carta al Parlamento de Navarra en la que solicita su apoyo para que adopte un acuerdo con el objetivo de poder presionar al Gobierno central de cara a la “desclasificación de todos los documentos existentes en la Administración del Estado” relativos a los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976, algo a lo que el actual Gobierno en funciones, que preside Mariano Rajoy, no accede.

El escrito, redactado y firmado por el secretario general federal de la formación política, Jesús María Aragón Samanes, señala que el Partido Carlista “desea que se esclarezca la verdad y se conozca la intervención real de personas y elementos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en la preparación de los hechos como en su no persecución”. Igualmente, mediante esta petición (presentada el día 8 de junio en el Parlamento de Navarra), quieren que se esclarezca “el origen de los fondos que financiaron toda aquella operación”, que se produjo días después de otros asesinatos en actuaciones policiales en Vitoria.

El Partido Carlista ya anunció en la celebración del 40 aniversario de los sucesos (el pasado 8 de mayo en Montejurra) que iba a realizar esta solicitud al Parlamento foral con la que pretende presionar al Gobierno central para aclarar muchas incógnitas que existen sobre aquellos días.

participación del estado Hay que recordar que según señaló un año después el general José Antonio Sáez de Santamaría (general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil), la participación del Estado en estos crímenes fue evidente. A su juicio, los primeros pasos del terrorismo de Estado del GAL se dieron en Montejurra. “La trama de esta operación es el primer paso de lo que constituyó el núcleo de operaciones de la llamada guerra sucia contraterrorista de la Transición”. En una entrevista concedia al periodista Santiago Belloch, aseguró que militares, partidos ultraderechistas, activistas violentos, mercenarios ultras extranjeros, miembros de las fuerzas de seguridad “operaron apoyados directa o indirectamente por los aparatos del Estado”.

Además, en el sumario (de un juicio que nunca llegó a celebrarse porque se acogieron a la amnistía de 1977) hubo testimonios de que el general Campano (director de la Guardia Civil) se comunicó con Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado) presente en los sucesos, se encontró munición del ejército y desde el Gobierno Civil se pagaron habitaciones para los agresores en el Hostal Irache. En 2003 desde Interior se contestó al abogado José Ángel Pérez-Nievas, que pidió información, que no existía documentación “ni en los archivos ni en el Archivo de la Dirección General de Policía”.

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