La crisis y la financiación de los partidos

La financiación de los partidos políticos y la de las campañas electorales vienen reguladas por las leyes pertinentes que el Congreso de los Diputados parece que está sopesando modificar. Son decenas o cientos los millones que éstas adjudican a los partidos en función de los resultados obtenidos. Además, los socios del sistema bipartidista y algunos otros cuentan también con sus propias fundaciones y ONG, por las que canalizan -donaciones altruistas- de quienes son o esperan ser -beneficiados- por la elección.

Resultando inimaginables los descomunales prestamos que a la vez, y al margen de ese cuerno de la fortuna, obtienen de cajas y bancos sin otra garantía de pago que el futuro trueque o compensación con moneda política. Más aún si cabe, sorprenden las sucesivas y -graciosas- cancelaciones por incobrables con que esos -complacientes- acreedores les obsequian periódicamente por sus saldos impagados, al contrario de lo que aquí y ahora está ocurriendo con las más de 300 familias que cada día están perdiendo su vivienda por falta de pago a los bancos.

Pero eso no es todo, pues los escándalos por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras o servicios de ayuntamientos, autonomías y otros organismos oficiales son habituales, y hacen suponer que más que de una anomalía dolosa se trata de una práctica normalizada y generalizada incluso con unos porcentajes acordados y predeterminados (el 3% que decían en Madrid).

Y cabe preguntarse ¿a dónde van a parar entonces esas decenas o cientos de millones (miles de millones de pesetas) destinados a los partidos y que siempre resultan insuficientes? Se ha demostrado que algunos partidos están constituidos como verdaderas sociedades anónimas electorales que tras su apariencia ideológica sólo buscan dar magníficos empleos y grandes beneficios crematísticos a sus gestores, promotores, familiares, amigos y asociados. También que desde el poder político en sus distintos niveles se mueve tal cantidad de millones y de intereses, que desgraciadamente cada día son más los que se plantean -la carrera política e incluso la sindical- como la más rentable inversión económica. De modo que si no existiera financiación pública y no se exigiera por ley una teórica igualdad de oportunidades en las elecciones -hoy desequilibrada y manifiestamente perjudicial para los que no han obtenido previa representación-, sólo los dos partidos del sistema y los grandes consorcios a través de ellos, monopolizarían el poder, pues ya sabemos que el que regala bien vende.

Y es por todo eso que resulta inaplazable una regulación estricta de las campañas electorales para que acrediten su calidad democrática y se garantice que todas las candidaturas puedan disponer exactamente de los mismos recursos al margen de los votos obtenidos o no en otras elecciones, racionalizando el gasto y proporcionándolo a los tiempos de crisis que atravesamos. Para ello existen distintas soluciones que habría que debatir con amplitud pero seguramente podría resultar muy conveniente que fuera el Estado en sus diferentes administraciones quien contratara globalmente todos los medios de difusión públicos y privados necesarios para hacer llegar a la ciudadanía por igual todos los programas electorales que podrán ser genéricos pero que deben detallarse y fijarse incluyendo también las fuentes de financiación; a la vez que para dar a conocer a los candidatos y a los partidos que los representen, de cuya gestión éstos deberán responder, acabando de una vez por todas con los desmanes a que nos tienen acostumbrados. La distribución de esos medios y recursos debe estar gestionada y garantizada por las juntas electorales de forma democrática y transparente, imponiendo la absoluta igualdad de oportunidades entre todos los que se presenten y no como ahora sucede.

También resulta ya imprescindible que las cuentas de los partidos sean controladas y auditadas por los organismos especializados de manera preferente y exhaustiva, creando secciones o divisiones dedicadas únicamente a ello.

Debemos acabar con esas campañas circenses de derroche, espectáculo y escándalo que nada tienen que ver con la política ni con la democracia, en las que con recursos públicos los ciudadanos nos vemos bombardeados y tratados como subnormales profundos mientras intentan hipnotizarnos subliminalmente repitiendo frases y consignas vacías, o metiéndonos por todos los sentidos, a toda hora y en todo lugar sus anagramas.

No se puede seguir permitiendo que los partidos políticos que dicen representar la soberanía popular estén previamente hipotecados con terceros, y menos con esas cantidades astronómicas, pues cualquiera puede deducir que ello les priva de la libertad y la independencia necesaria e imprescindible para el correcto ejercicio de la misma

Patxi Ventura

Artículo publicado en Diario de Noticias