¿Demasiados políticos?

 

Reducir parlamentarios. Quid prodest?

por miguel izu – Viernes, 27 de Julio de 2012 – Actualizado a las 05:06h

A río revuelto, ganancia de pescadores. Andan nuestras aguas políticas y económicas tan revueltas que abundan los pescadores deseosos de aprovechar la ocasión. Quienes ya en tiempos de aparente bonanza proponían reducir el Estado de bienestar, o simplemente el Estado, cortar gasto público, desregular el mercado de trabajo, los mercados financieros o cualesquiera otros mercados explotan la oportunidad para adoptar esas medidas aunque no estén en las causas de la crisis. Todo responde al mismo interés de limitar y reducir el poder político (que en una democracia corresponde a todos los ciudadanos) para dar rienda suelta al poder económico (detentado por unos pocos). Parte de la campaña pasa por desprestigiar a los políticos en general y a los miembros de los parlamentos en particular. Cierto, los propios políticos, no todos pero muchos, demasiados, han contribuido a su desprestigio y a la creciente indignación en su contra. Los ejemplos de políticos corruptos, sinvergüenzas, caraduras, mentirosos y bellacos son tan abundantes y están tan presentes a diario en las páginas de la prensa que da la impresión de que esa es la norma, los casos de pésima gestión, despilfarro, abuso y hasta malversación o desfalco por su parte son tan frecuentes y notorios como sonrojantes. El problema viene cuando la legítima indignación popular se manipula con argumentos demagógicos para hacer creer que la cuestión no es exigir responsabilidades (incluidas, en su caso, las penales) ni sustituir a los malos políticos por mejores representantes de la ciudadanía, sino simplemente prescindir de todos ellos o, cuando menos, reducir su número. Que no se traduce en reducir los políticos profesionales que viven saltando de un cargo a otro, por ejemplo con una deseable desburocratización de los partidos para permitir el acceso de ciudadanos que no quieran dejar algo tan importante como la política en manos de sus profesionales, sino en reducir los cargos políticos. La reducción de cargos representativos (otra cosa son los cargos ejecutivos, los asesores y otras mamandurrias) dificultaría aún más ese acceso de la ciudadanía a los resortes del poder. Resulta así la paradoja de que en la misma reivindicación de reducir cargos coinciden indignados ciudadanos de a pie con interesados políticos gobernantes, organizaciones ligadas a la oligarquía financiera con sindicatos de clase, la derecha más conservadora con sectores progresistas y hasta revolucionarios.

Cuidado. No arrojemos con el agua sucia de la palangana al niño que estábamos bañando. Quizás a los que jalean el deshacerse del agua sucia en realidad lo que les sobra es el niño. Preguntémonos a quién beneficia todo esto, a qué intereses responde esta ansia por promover la falsa idea de que tenemos demasiados representantes y de que conviene reducirlos. Digo falsa idea porque, en contra de la opinión interesadamente extendida, ni en España ni en Navarra existe un intolerable exceso de parlamentarios comparando con otros países o comunidades. En algunos de esos mensajes que recorren Internet para sostener lo contrario se alude al caso de Noruega, Suecia o Dinamarca que no tienen Senado. Y no lo tienen, pero no se dice que sus parlamentos unicamerales tienen un diputado por cada 27.000, 30.000 y 31.000 habitantes, respectivamente, cuando en España sumando diputados y senadores solo hay un representante por cada 77.000 habitantes. Tanto Congreso como Senado son cámaras comparativamente reducidas; frente a los 350 diputados de España en las cámaras bajas de Alemania, Italia, Francia o Reino Unido hay, respectivamente, 622, 630, 577 y 646 miembros; en la de Polonia, con una población algo menor, 460 diputados .                                                                                                                                                                                                                                                 Cierto que, además, están los 1.218 parlamentarios autonómicos pero no es un número tan exagerado como se dice. Comparando Alemania con España, cada uno de los 1.890 miembros de un Landtag representa a 43.000 habitantes, cada parlamentario autonómico a 38.000 habitantes. Cierto que en la tabla de parlamentarios por población Navarra figura en cabeza, lo que no se dice es que junto a las demás comunidades de menor población (La Rioja, Cantabria, Baleares, Extremadura) y ello no es casual. Sucedería lo mismo comparando orquestas sinfónicas, saldrían más músicos por habitante porque necesariamente hay un número mínimo para que la cosa funcione; no tiene sentido suponer que la orquesta de una comunidad con la mitad de población que otra tiene que tener la mitad de clarinetes o de trombones. Aunque los ciudadanos de a pie tiendan a creer que un parlamento está constituido solo por el Pleno y que solo trabajan los portavoces una vez a la semana, lo único que ven en la televisión, su organización y funcionamiento son mucho más complejos. Existe una Mesa que dirige la gestión (entre cinco y siete miembros), una Junta de Portavoces (tantos como grupos), una serie de comisiones (13 en Navarra) donde deben estar presentes todos los grupos proporcionalmente. A menos miembros de cada parlamento, menos miembros en cada grupo parlamentario y más órganos a los que debe pertenecer cada parlamentario, multiplicando su trabajo. La cuestión es especialmente peliaguda para los grupos minoritarios cuyos pocos miembros apenas dan abasto a todas las reuniones, a leer toda la documentación, a preparar las intervenciones para no decir demasiadas tonterías, a estar disponible para recibir a ciudadanos y colectivos, a tratar con los medios de comunicación, a visitar instituciones y poblaciones por toda la comunidad, etcétera. Cierto, quizás sobren parlamentarios en los grupos mayores, sobre todo en los que sostienen al gobierno de turno ya que se limitan a aplaudir, pero por experiencia propia sé que en los grupos pequeños faltan manos y horas al día. Por otro lado, la reducción de miembros puede suponer, dada la distorsión que genera el sistema electoral habitual en España, una reducción en la proporcionalidad que beneficiaría, gracias a la regla d’Hondt, al grupo mayoritario y perjudicaría a los grupos minoritarios y que distorsionaría todavía más el pluralismo y la plasmación de la voluntad popular.

Contrariamente a lo que se dice, en una democracia el control al Gobierno no se hace por el Parlamento ya que el partido que gobierna suele tener mayoría y esa mayoría se limita a ovacionar y a hacer oposición a la oposición. El control se hace por la oposición en el Parlamento. En otros tiempos ese control se evitaba por el monarca absoluto o por los primeros gobiernos constitucionales espaciando la convocatoria de Cortes o limitando los períodos de funcionamiento; hoy que esto no es constitucionalmente posible, para ahogar el control, para ahogar a la oposición parlamentaria, una buena técnica es reducir parlamentarios. Menos parlamentarios, menos capacidad de trabajo de la oposición, menos oposición, menos control. Que gobernantes como Yolanda Barcina o Esperanza Aguirre propongan la reducción de parlamentarios autonómicos (o su supresión, como ha llegado a sugerir la segunda) no es casualidad.

La supuesta ventaja, el ahorro económico, se puede obtener fácil y en mayor cuantía de otro modo. Si el Parlamento de Navarra, en lugar de ofrecer una retribución fija a todos sus miembros la ofrece solo, por ejemplo, a tres o cuatro como máximo por grupo parlamentario (entre 18 y 24 parlamentarios, ya que hay 6 grupos) el ahorro sería mayor que con una reducción de 50 a 40 parlamentarios, la que se puede hacer dentro de los límites del Amejoramiento. El trabajo parlamentario padecería poco porque, en la práctica, esos son los que asumen casi todo el trabajo. Tampoco afectaría a la representatividad. Pero a lo mejor eso es justamente lo que no se quiere.