El gran casino europeo

La deuda pública aumentó muchísimo a raíz de los generosos planes concedidos al sector financiero por los Estados, después de la crisis que comenzó en 2007/2008. Es también la consecuencia directa de décadas de políticas presupuestarias y fiscales favorables a las clases sociales acomodadas y a las grandes empresas. Los beneficiarios de esta generosidad fiscal y social consiguieron un ahorro que disparó los déficit públicos, mientras que invirtieron en apetitosas obligaciones del Estado, especulando sobre las deudas soberanas y poniendo en peligro los Estados. Los culpables de la crisis salen dos veces victoriosos, tienen menos impuestos que pagar y disfrutan de una renta garantizada proveniente de la deuda pública mientras la población  pierde dos veces: sufre las consecuencias sociales de la crisis (desempleo y precariedad) y también sufre la sangría del Estado a través de los planes de rescate de los bancos y de los planes de austeridad (congelación de salarios, retraso de la edad de jubilación, alza del IVA, etc.).


Ese ataque supranacional promovido por el FMI y la Comisión Europea debe encontrar una respuesta social a su medida. No vamos a aceptar ningún desmantelamiento de la protección social y de los servicios públicos para pagar sus deudas contratadas en contra de nuestros intereses. No podemos aceptar un retroceso de estos derechos, a veces logrado a costa de luchas sociales históricas, mientras las elites siguen enriqueciéndose. Para nosotros la salida de la crisis debe hacerse teniendo en cuenta el interés de las poblaciones, no el de los acreedores culpables de la crisis y de los gobiernos a sus órdenes. El precio humano de la gestión desastrosa de la crisis capitalista es inmenso y se prevé aún más pobreza y paro como consecuencia directa de un sistema basado en un crecimiento autodestructor.

Las reacciones del pueblo europeo golpeado por esa austeridad impuesta por las elites es la consecuencia directa de un sistema de transferencia de riquezas desde los trabajadores hacia los acreedores a través del pago de la deuda. En muchos países, su reembolso representa una enorme parte de los gastos públicos del Estado, dejando una pequeña parte de lo que queda para los servicios sociales que sufren una hemorragia de recursos. Se trata de una lucha para conseguir un justo reparto de la riqueza producida por los trabajadores, para una justicia social real. No podemos aceptar que la deuda pública sea un pretexto para que la población tenga que pagar cada vez más. La deuda constituye un verdadero expolio para los pueblos y los responsables son los que deben pagar la crisis sistémica que provocaron.

Necesitamos auditar las cuentas públicas de los Estados para decidir si los pueblos deben o no seguir pagando una deuda en gran parte ilegítima ya que no benefició a la población. El proceso de auditoria es un acto de soberanía de los Estados y de los pueblos que debe desarrollarse bajo control ciudadano. Los movimientos sociales deben poder proponer esa necesidad esencial en nuevas constituciones que podrían ser aprobados por referéndum popular, como ya lo hizo Ecuador y lo podría hacer Islandia.

Basta con la dictadura de los acreedores

¡Por una constituyente del pueblo para el pueblo!

¡Auditoria de la deuda ya!

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