Consulta catalana del 9 – XI – 2014

 

 

 

El pasado Domingo 9 de noviembre hubo en Catalunya una convocatoria para participar en una votación política indicativa del modo en que los ciudadanos catalanes, en general, querían verse y ser considerados por parte de sus conciudadanos del Estado español y también, por extensión, de Europa, y del mundo.

Debido a las presiones de los Poderes Públicos, dicha “consulta”, o “acto de participación cívica” no puede ser considerada vinculante ni definitiva, al carecer de la “asepsia democrática”. Pero que a pesar de todas esas presiones, surgidas del Gobierno centralista y cerril del Partido Popular, unos dos millones y medio de ciudadanos catalanes hayan ido a participar en esa votación, es significativo por sí mismo, y debe ser tenido en cuenta tanto por los Poderes Públicos como por los demás conciudadanos del Estado español.

En lugar de hacer estériles e inútiles descalificaciones de la participación ciudadana en Catalunya (de cuyo resultado hasta se podría decir que es un reflejo de la composición del Parlamento catalán), el Gobierno del PP debería dialogar sobre el asunto con los agentes sociales y políticos de Catalunya y abrir una negociación que diese los pasos necesarios que condujesen  a un resultado satisfactorio para la mayoría de los ciudadanos catalanes.

El argumento de que la actual Constitución no permite ese tipo de “consultas”,  además de no ser cierto,  así como la oposición del Tribunal Constitucional,  no deja de ser una mera excusa pues tanto en una como en la composición del otro, el peso de los dos partidos mayoritarios es decisivo, y a la vista está que los utilizan a su conveniencia y voluntad, según pone de manifiesto la reforma, en un santiamén, del artículo 135 de la Constitución, en un sentido objetivamente perjudicial para los españoles,  en agosto de 2011. Esto mismo  muestra  que la actual Constitución no sirve para ordenar democráticamente la convivencia de los ciudadanos y de los territorios enmarcados en el Estado español, y que hay que hacer otra que sea el Pacto de convivencia y organización territorial, al que lleguen los ciudadanos de los territorios que conformarían el Estado de las Españas.

El Estado social, o sea, democrático, no tiene por qué ser centralista, ni único ni unívoco, sino que puede ser y tener una composición plural, respetuoso con las características propias de cada territorio que se adhiera al Pacto (Federalismo); es para indicar eso que en el Partido Carlista utilizamos la expresión “las Españas”.

A nuestro modo de ver, la contradicción principal no está en el binomio Catalunya-España (Naciones, Estados, Estados-naciones, Naciones-Estados), sino entre Democracia y centralismo.

 

Jesús Mª Aragón Samanes

Secretario General Federal del Partido Carlista de las Españas.

 

Pamplona 11 – XI – 2014    

 

 

 

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